La Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada formuló ayer cargos por terrorismo y asociación ilícita para delinquir a tres estudiantes del Instituto Nacional (IN) y a un particular, supuestamente implicados en los disturbios del pasado 7 de julio, en los que un docente y dos alumnas resultaron con quemaduras graves, periodistas fueron agredidos y hubo daños a la propiedad privada.
Una fuente ligada a la investigación confirmó que el fiscal Nahaniel Murgas indagó a los tres estudiantes y al particular la tarde de ayer, mientras que la Fiscalía Segunda de Adolescentes hizo lo propio la noche del jueves con otros siete alumnos detenidos que son menores de edad.
La fuente detalló que en los allanamientos tras los cuales fueron arrestados los sospechosos, en El Chorrillo y Panamá Oeste, las autoridades hallaron artículos que ligan a los detenidos con los actos violentos ocurridos en la protesta estudiantil que obligó al cierre del plantel.
Por ejemplo, se encontraron botellas con gasolina que supuestamente se usaron en la protesta, y además se tomó el testimonio de personas que señalan a los alumnos como partícipes de los actos.
Los acusados alegaron que la protesta se realizó por las malas condiciones del plantel y que las heridas ocasionadas al profesor Arturo Adames y a dos alumnas tras el lanzamiento de una bomba molotov fueron accidentales.
De acuerdo con la investigación, los jóvenes introdujeron las botellas con gasolina que usarían para elaborar las bombas incendiarias en sus mochilas, ya que los inspectores del Ministerio de Educación (Meduca) asignados al Instituto no tienen facultad para revisarlos.
Hasta ayer, las autoridades no habían vinculado a los estudiantes con pandillas que operan en las inmediaciones del colegio, pero no descartan la posibilidad de que alguno de los detenidos tenga relación con este tipo de grupos delictivos.
La fiscalía remitió al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses las computadoras aprehendidas durante los allanamientos del pasado jueves, para establecer si tienen información relacionada con los hechos del pasado 7 de julio y con videos publicados en redes sociales, en los que se hicieron amenazas de muerte contra el presidente Juan Carlos Varela. También se verifican los teléfonos celulares decomisados.
La fiscalía solicitó a los medios de comunicación copias de los videos grabados en los desórdenes.
El Meduca proporcionó al Ministerio Público un informe sobre los daños ocasionados al IN.
La fiscalía pidió a los particulares que sufrieron daños a su propiedad durante los hechos que los reporten, para cuantificarlos y tramitar las indemnizaciones correspondientes.