Los gremios periodísticos reaccionaron este jueves en contra del fallo de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que rechazó un recurso de casación presentado por los periodistas Jean Marcel Chéry y Gustavo Aparicio, y Editora Panamá América (Epasa), a raíz de una demanda interpuesta en 2001 por el entonces ministro de Gobierno y Justicia.
Para el Consejo Nacional de Periodismo (CNP), la condena se aparta de los estándares internacionales en materia de libertad de expresión y da lugar a una serie de afectaciones que podrían comprometer el derecho de la sociedad a estar adecuadamente informada sobre temas de interés público, como lo es el uso de los fondos del Estado.
"Dicha condena no toma en cuenta que la Corte Interamericana de Justicia [CIDH] ha señalado de manera reiterada que las publicaciones sobre asuntosde inte rés público deben estar debidamente protegidas", señaló el CNP en una nota de prensa.
"El Consejo Nacional de Periodismo advierte la amenaza que esta sentencia ejerce sobre el papel crítico de los medios de comunicación a la administración pública y la fiscalización a la discrecionalidad del uso de fondos públicos", remarcó.
Por su parte, el Fórum de Periodistas por las libertades de Expresión y de Información advierte que el fallo de la Sala Civil deja a Panamá "a la zaga de la salvaguarda del derecho de los ciudadanos de estar informados sobre la cosa pública y del principal rol de los medios de comunicación de fiscalizar la gestión de los servidores públicos".
"Denunciamos esta sentencia como un triste precedente que privilegia el honor supuestamente ofendido de un funcionario al derecho de la sociedad en general de estar informada. Todo esto contrario a las tendencias en la jurisprudencia internacional", agregó.
La casación presentada por los dos periodistas y por Epasa era el último recurso de apelación que les permite la ley tras la demanda civil presentada por Spadafora. El veredicto, con la ponencia del magistrado Hernán De León, decidió no casar la condena del 5 de septiembre de 2012, en la que el Primer Tribunal Superior Civil condenó a Chéry, a Aparicio y a Epasa a pagar, solidariamente, $20 mil a Spadafora, y $5 mil a sus abogados por costas legales.
Spadafora presentó la querella luego que el diario El Panamá América publicara el reportaje que informaba sobre la construcción de una carretera, financiada supuestamente con dinero del extinto Fondo de Inversión Social durante la administración de la entonces presidenta Mireya Moscoso, que daba acceso a una finca en La Arenosa, en el distrito de La Chorrera, propiedad de Spadafora. Moscoso designó a Spadafora magistrado de la Corte Suprema, hasta diciembre de 2011.
