La Fiscalía Novena Anticorrupción le formuló cargos a Manuel Salgado, exjefe de la Sección de Fiscalización de Movilidad Urbana de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), por la presunta comisión del delito contra la administración pública, con relación a la posible expedición irregular de 17 mil licencias de conducir.
Salgado es vinculado al delito por la supuesta expedición de forma irregular de las licencias de conducir vehículos a panameños y extranjeros sin realizar los exámenes teóricos y prácticos requeridos por la ley.
Las anomalías se registraron entre 2010 y 2014.
Los nuevos directivos de la ATTT, tras asumir el control administrativo de la entidad, se reunieron con representantes de la empresa Servicios de Tránsito Centroamericanos S.A. (Sertracen), encargada de emitir las licencias, donde fueron notificados de la existencia de 17 cartas en las que se solicitó la exoneración de licencias de conducir.
Posteriormente, en octubre de 2015, las autoridades de la ATTT interpusieron contra quienes resulten responsables una denuncia, respecto a la expedición supuestamente irregular de estas licencias de conducir.
El expediente fue abierto por la Fiscalía Novena Anticorrupción que inicia las pesquisas del caso.
Según las pesquisas que realiza el Ministerio Público, se logró detectar que Salgado firmó, presuntamente, una serie de notas en las que se solicitó a la empresa Sertracen exonerar a las personas de los exámenes teóricos y prácticos para la obtención de las licencias.
Se estima que Salgado firmó al menos unas 4 mil de las 17 mil cartas que se remitieron a Sertracen para solicitar la exoneración, en el otorgamiento de las licencias de conducir.
Entre las licencias que se expidieron, presuntamente de forma irregular, se destacan las autorizadas por la ATTT para el manejo del transporte público de pasajeros.
La fiscalía sigue las investigaciones de este caso para determinar la posibilidad de otras personas responsables en esta investigación.
La Fiscalía Novena Anticorrupción, a cargo de Johaira J. González, tiene la responsabilidad de investigar los expedientes relacionados con delitos contra la administración pública de una cuantía inferior a los $100 mil.
CASO DE TRAFICC SAFETY
Para 2011, Salgado también estuvo a cargo de la Dirección de Informática de la ATTT.
En ese puesto, Salgado se encontraba a cargo del sistema de cámaras filmadoras, que se instalaron inicialmente en unas 20 intersecciones de mayor tráfico en el país. Estas tendrían como función reducir los accidentes y las violaciones al reglamento de tránsito.
El contrato se firmó en 2011, entre el entonces director de la ATTT, Jorge Ricardo Fábrega, y el representante de Traffic Safety, Ricardo Chanis, un cercano colaborador del expresidente Martinelli.
En marzo de 2016, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia anuló el referido contrato para la colocación de unas 20 cámaras de videovigilancia del tránsito, que contemplaba la emisión de infracciones por exceso de velocidad.
El fallo, bajo la ponencia del magistrado, Abel Zamorano, consideró que el contrato violaba la potestad administrativa de la ATTT para sancionar a los conductores.
“La función pública desarrollada por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre no puede ser transferida, ni mucho menos concesionada, a ningún particular...”, recalca el fallo.