La Fiscalía Sexta Anticorrupción ordenó la indagatoria del abogado Rubén Darío Moreno Magdaleno y de Osiris Michelle Herrera, ex directora general de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), por su posible vinculación al proceso por supuesto enriquecimiento injustificado seguido a la exministra de esa cartera, Alma Cortés.
Según una auditoría de la Contraloría General de la República sobre el patrimonio de la exministra, la relación de Moreno Magdaleno con Cortés se desprende por el hecho de que la Fundación Ramimar, de la cual ella es presidenta, abrió su cuenta bancaria con un depósito inicial de $100 mil a través de un cheque de la sociedad Servicios Múltiples Empresariales, S.A., perteneciente al mencionado abogado. Los depósitos se destinaron supuestamente para compras de varias propiedades.
En el caso de Herrera, ella aparece como firmante junto con la exministra de la cuenta Cortés, Cortés, Molino & Asociados, en la que también se depositaron dineros que supuestamente no se pueden justificar.
De acuerdo con la auditoría, la exministra obtuvo recursos provenientes de fuentes conocidas (salarios, viáticos, pagos de dietas, préstamos y otros) por $1 millón 22 mil 418.21, mientras que los recursos monetarios utilizados (pagos, gastos, bienes adquiridos y saldos en bancos) totalizaron $3 millones 610 mil 348.09, lo que da cuenta de un incremento patrimonial no justificado de $2 millones 587 mil 929.88.
Cortés permanece detenida en la sede de la Policía Nacional de Ancón, luego de que el pasado 11 de agosto la Fiscalía Sexta Anticorrupción le decretó su detención preventiva al ser indagada por tres días seguidos.
El Segundo Tribunal Superior Penal le concedió a Cortés este viernes una fianza de excarcelación de $300 mil, la cual no ha sido consignada.
Carlos Carrillo, abogado de Cortés, aseguró que su cliente puede responder por cada dólar que mantiene en sus cuentas bancarias y dijo no compartir la medida cautelar de detención preventiva que le aplicó la fiscalía. En su criterio no se daban las condiciones para decretar una medida como esta, que es el último recurso dentro de un caso penal.