Las fiscalías tercera y cuarta anticorrupción efectuaron el pasado viernes inspecciones oculares en las residencias de cinco de los acusados por casos de corrupción en el gobierno pasado, para verificar que cumplan con la medida cautelar de casa por cárcel que les fue impuesta.
Fuentes oficiales del Ministerio Público confirmaron que la fiscal tercera anticorrupción, Zuleyka Moore, acudió a la vivienda del empresario Felipe Pipo Virzi, arrestado en su domicilio tras ser acusado por el supuesto cobro de coimas en el fallido proyecto de riego de Tonosí, Los Santos.
Ruth Morcillo, fiscal cuarta anticorrupción, inspeccionó la casa de Cristóbal Salerno, acusado de la supuesta comisión del delito de corrupción tras la ejecución del contrato otorgado a su empresa Cobranzas del Istmo, S.A., para el cobro de impuestos morosos.
Además, los asistentes de Morcillo inspeccionaron las residencias de Carlos Araúz, Roberto Carretero y Juan Carlos Marciaga, imputados en el proceso que se sigue por la compraventa –supuestamente irregular– de bolsas de comida en el Programa de Ayuda Nacional.
Las fuentes precisaron que estas inspecciones son permitidas por la ley y las fiscalías deben verificar si los acusados cumplen con las medidas cautelares.
Salerno, Araúz, Carretero, Virzi y Marciaga estaban en sus casas y se comprobó que cumplen con la medida cautelar, según las fuentes.
En el caso del fallido proyecto de riego de Tonosí, se investiga una lesión patrimonial de $37 millones, luego de que el contrato fue adjudicado a la empresa ecuatoriana Hidalgo & Hidalgo. Junto con Virzi están acusados los exministros de Desarrollo Agropecuario Óscar Osorio y Emilio Kieswetter; el exfuncionario de esa entidad Abdiel Atencio; y los ejecutivos Juan Hurtado y Marcos Albán Pérez.
En el caso de Cobranzas del Istmo, S.A., la lesión patrimonial suma $47.1 millones. Además de Salerno, están acusados el exdirector general de Ingresos Luis Cucalón; María Alessandra Salerno y Magaly Ramos.
Por los contratos de las bolsas con comida, la Contraloría calculó la lesión patrimonial en $33.2 millones.