El Juzgado Decimotercero Penal rechazó un recurso de previo y especial pronunciamiento por falta de competencia presentado por Mayer Mizrachi para que se declare nulo el proceso que se le sigue por presunto peculado en perjuicio de la Autoridad para la Innovación Gubernamental (AIG), por el incumplimiento de un contrato para la instalación de la plataforma informática Criptex.
El fallo, que lleva la firma del juez Decimotercero Penal (suplente), Andy Gutiérrez, mantuvo en pie el proceso penal a Mizrachi, por considerar que existen suficientes elementos que configuran el delito de peculado.
Ana Belfon, abogada de Mizrachi, presentó el recurso en el que solicita la nulidad argumentando que el Tribunal de Cuentas decretó el cierre del proceso seguido a Mizrachi, mediante fallo de 7 de enero de 2019, por considerar que no se había producido una lesión patrimonial.
Belfon alegó que al no existir una lesión patrimonial, el delito de peculado desapareció y dejaba sin efecto el informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, que sirvió de base para la formulación de cargos.
Además, Belfon planteó que al tratarse de un supuesto incumplimiento de contrato, el proceso debe llevarse ante la jurisdicción contencioso administrativa de la Corte.
Sin embargo, el juez Gutiérrez manifestó que la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, por la cual se desarrolla la jurisdicción de cuentas, señala que la responsabilidad patrimonial es independiente de la responsabilidad administrativa, penal o disciplinaria. Además, según el juez, en este caso el delito de peculado no requiere la necesaria presencia de una lesión patrimonial, siendo siempre secundario el daño económico, que puede o no existir.
Por otro lado, consideró que las resoluciones del Tribunal de Cuentas, en las que se ordenó el archivo del proceso seguido a Mizrachi, fueron objeto de impugnación ante la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, lo cual ya fue admitido por esa instancia judicial.
Esta investigación surge por una denuncia presentada por el director de la AIG, Irvin Halman, a raíz del supuesto incumplimiento de un contrato suscrito con la empresa Innovative Ventura, S.A., para la instalación de un sistema de software para la encriptación de teléfonos celulares, conocido como Criptex.
El contrato suscrito por la AIG fue por un monto de 211 mil 850 dólares, antes de las elecciones de 2014, pero la denuncia de la AIG sostiene que estos equipos no fueron entregados.