El caso por presunta corrupción en procesos de compras en el Ministerio de Educación (Meduca) llegó hasta el Ministerio Público (MP).
Fuentes judiciales dijeron a este medio que iniciarán una investigación “de oficio”, luego de que se detectaran anomalías en procesos sensitivos de la entidad, principalmente en el Departamento de Compras, hecho que le costó el cargo a tres directores de la entidad, a una subdirectora, y la renuncia del director de Asesoría Legal.
Se investigará la presunta comisión de delitos contra la administración pública, por lo que el caso se asignará a una fiscalía anticorrupción. Inicialmente, el Ministerio Público solicitará al Meduca una serie de documentos relacionados con los procesos de compra, agregó la fuente.
No se descarta la posibilidad de que se solicite una auditoría a la Contraloría General de la República, tal como ha ocurrido con decenas de casos que investigan las fiscalías anticorrupción por pesquisas que vinculan a exfuncionarios del gobierno de Ricardo Martinelli con supuestos delitos contra la administración pública.
LAS FALLAS
Las pesquisas del MP surgen un día después de que la ministra de Educación Marcela Paredes de Vásquez dijera que los despidos se dieron porque le “preocupa” la multiplicidad de fallas en los procesos administrativos, particularmente las licitaciones. “Hemos tenido varias licitaciones que se atrasan porque hay reclamos en el Tribunal de Contrataciones Públicas y por subsanaciones solicitadas por la Contraloría, y cuando se hace un balance, los errores son repetitivos, dejando un margen de dudas sobre los directivos responsables y básicamente se pierde la confianza”, agregó.
Por este asunto, Paredes de Vásquez destituyó a la directora nacional de Administración, Ivanessa Mojica, y la subdirectora, Mariana Castillo; además a la directora de Currículo, Dayra García Becerra; y al jefe nacional de Compras, Rodolfo Shaik. Mientras que el director de Asesoría Legal, Luis Cedeño Merel, presentó su renuncia.
POCA TRANSPARENCIA
Pero mientras las autoridades judiciales entran a investigar esta causa, sectores de la sociedad civil exigen que Paredes de Vásquez cumpla con los principios de la transparencia y comunique a la ciudadanía qué fue lo que “realmente” ocurrió en la entidad. Argumentan que “hay varios cabos sueltos”.
Carlos Lee, de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, manifestó que “hace falta una aclaración toda vez que [estos funcionarios] fueron designados por ella (...).“Debe haber una razón muy de peso para que se haya perdido la confianza de esos funcionarios, pero la población exige que haya una explicación sobre el particular”, agregó.
Mientras que Diógenes Sánchez, secretario general de la Asociación de Profesores de Panamá, cuestiona además el “silencio de la ministra [Marcela Paredes de Vásquez]”, quien, aseguró, no le ha explicado a la opinión pública qué fue lo que realmente sucedió.
Agrega que el tema se ha manejado con poca transparencia, porque no se ha “querido decir todo”.
ESCUELAS EN RIESGO
El educador también habló de la posibilidad de que este hecho ocasione una crisis en el sistema educativo, ya que se retrasaría el proceso de mantenimiento y compra de mobiliario para las 3 mil 282 escuelas que existen en Panamá.
“En este momento las escuelas necesitan abastecerse de sillas y materiales y las gestiones administrativas han quedado paralizadas... no sabemos si lo que necesitan las escuelas estará a tiempo”, argumentó.
Nelva Reyes, de la Unión Nacional de Educadores de Panamá, es otra que exige “transparencia”. “Siempre pedimos transparencia en los procesos de licitación, las compras y en el manejo de la cosa pública. Si se comprueba que hay funcionarios implicados en irregularidades, deben denunciarse y decir lo que pasó con transparencia”, opinó.
‘HAY QUE TOMAR MEDIDAS’
Por su lado, el procurador de la Administración, Rigoberto González, sostuvo que si como funcionarios detectan una posible irregularidad en la que se vincule a otros servidores que están a su cargo, “hay que tomar medidas”.
Pueden ser, agregó, medidas disciplinarias y por faltas administrativas, o por la posible comisión de un delito. En este último caso, explicó González, hay que presentar las denuncias correspondientes. “De lo contrario también puede ser objeto de una investigación (...)”, planteó. El también ex secretario general del Ministerio Público añadió que en este tema es necesario investigar qué tipo de irregularidad se cometió para determinar las sanciones que correspondan, y si hay señales de que se está ante la comisión de un delito que afecte el patrimonio.