Una asistencia judicial a las autoridades brasileñas fue solicitada por la Fiscalía Séptima Anticorrupción, como parte del proceso por presunto lavado de dinero en el que se menciona a la empresa Odebrecht.
La diligencia fue pedida a partir de una denuncia presentada por el excontralor Alvin Weeden, quien aseguró que empresas panameñas fueron usadas para lavar $50 millones, provenientes de Brasil.
OPERACIONES
La Fiscalía Séptima Anticorrupción solicitó una asistencia judicial a Brasil, como parte de la investigación que adelanta por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales en operaciones sospechosas efectuadas en el sistema bancario panameño por una sociedad supuestamente ligada a la empresa Norberto Odebrecht en el marco de la operación Lava Jato.
La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en septiembre pasado por el excontralor Alvin Weeden.
Fuentes ligadas al caso informaron que la fiscal Janeth Rovetto pidió a las autoridades brasileñas información sobre actividades de Odebrecht en ese país y que podrían tener relación con sus inversiones en Panamá.
Además de la asistencia judicial, la fiscalía también pidió una prórroga para continuar con las pesquisas, informaron las fuentes.
EL CASO
En su denuncia, Weeden sustentó que Odebrecht tendría participación en un amplio esquema de lavado de dinero en Brasil, que es investigado por el país suramericano dentro de la operación Lava Jato, la cual involucra a directivos de la empresa estatal brasileña Petrobras. Según la denuncia, Odebrecht realizó transferencias de dinero a través de las sociedades Smith & Nash Engineering y Golac, ambas constituidas en Islas Vírgenes; Sherkson y Havinsur, en Uruguay, y Arcadex, en Belice. Todas transfirieron millones de dólares a la sociedad panameña Constructora Internacional del Sur, S.A., así como a Klienfeld (Antigua y Barbados), Innovation (Antigua y Barbados) y Arcadex (Belice).
De acuerdo con el excontralor, este esquema permitió el blanqueo de por lo menos $50 millones de dólares, por lo que pidió investigar las actividades locales de estas empresas.
Las fuentes judiciales también dijeron a este medio que la fiscalía solicitó a Weeden que aporte más evidencias sobre los hechos denunciados.