El magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), José Ayú Prado, solicitó al presidente de la República, Juan Carlos Varela, la venta de los vehículos de la flota estatal que han sido declarados "pérdida total" o "chatarra", para financiar proyectos, incluyendo algunos del Órgano Judicial.
"Él Órgano Ejecutivo debería considerar la posibilidad de proceder rápidamente con el descarte de los vehículos a motor de la flota gubernamental en general [incluidas las del Órgano Legislativo y Judicial] que han sido declarados 'pérdida total' o 'chatarra', a fin de ser vendidos y de esta manera lograr fondos para incluirlos al Tesoro Nacional", señaló Ayú Prado en una carta dirigida a Varela el pasado lunes 10 de abril. No calculó cuánto dinero podría obtenerse de dicha transacción.
Ayú Prado agregó que esos fondos se podrían invertir en el Sistema Penal Acusatorio (vigente en todo el país desde septiembre pasado), iniciar la implementación de la Carrera Judicial (que es ley de la República desde el año pasado) y digitalizar los archivos judiciales. Con ello, también se evitaría la proliferación de criaderos de insectos y "alimañas portadoras de enfermedades", y permitiría hacer un mejor uso de esos terrenos.
Con la misiva, el magistrado incluyó una fotografía aérea con chatarra acumulada de vehículos de la Policía Nacional y otros órganos del Estado.
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A finales de marzo de este año, Ayú Prado insistió en que no tienen presupuesto para implementar la Carrera Judicial.
En 2016, el Órgano Judicial administró un presupuesto de $151.7 millones. Para 2017, le correspondieron $160 millones: $140 millones se usarán en funcionamiento y $20 millones serán para inversión. "No está contemplada la implementación de la Carrera Judicial", reconoció en su momento el propio Ayú Prado.
Ayú Prado, junto a Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, los otros dos magistrados que integran la junta directiva de la Corte, fue denunciado precisamente por haber efectuado 600 nombramientos de personal subalterno en los juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial del SPA, ignorando la Ley 53 de 2015 que regula la Carrera Judicial.
Sobre este caso, Ayú Prado dijo que aún no ha sido notificado de esta denuncia, que fue interpuesta por Magaly Castillo y Rafael Candanedo, miembros de la Alianza Ciudadana Pro Justicia, ante la Asamblea Nacional.