Rosendo Rivera, el otrora abogado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), presentó una querella penal contra su excliente por su posible responsabilidad en el espionaje ilegal cometido desde el Consejo de Seguridad Nacional en la pasada administración gubernamental.
La querella criminal por la presunta comisión de delito contra la inviolabilidad de secreto, derecho a la intimidad y abuso de autoridad, va dirigida también contra Alejandro Garuz y Gustavo Pérez, los dos exsecretarios del Consejo actualmente detenidos en La Gran Joya.
La querella fue presentada en la Fiscalía Auxiliar, que ya investiga a Garuz y Pérez por estos hechos. Rivera pide ser reconocido como “querellante coadyuvante” dentro de este proceso. Reconoce que, como parlamentario centroamericano, corresponde a la Corte Suprema conocer la querella contra Martinelli.
Rivera es una de las víctimas de los pinchazos cometidos en el gobierno pasado, y dijo que en el expediente que adelanta la Fiscalía Auxiliar pudo reconocer una conversación sostenida con el abogado Gabriel Carreira Pittí el 24 de junio de 2013.
En aquel entonces, Rivera era abogado de Martinelli en dos procesos: una contra la ex candidata presidencial Balbina Herrera, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), por divulgar los correos del italiano Valter Lavítola, y otro por $30 millones contra el entonces vicepresidente y hoy mandatario Juan Carlos Varela, por supuestamente atacar su honor.
“En dicha conversación le manifestaba al licenciado Gabriel Carreira que estaba convencido que me tenían intervenidas las comunicaciones, pues previamente [el día anterior] había tenido un encuentro con el licenciado Rodrigo Sarasqueta. Posteriormente, volví a encontrarme en los tribunales con el licenciado Sarasqueta, quien en tono molesto me hizo un comentario certero y preciso de la conversación que previamente, vía mensajes de whatsapp, había tenido con el licenciado Carreira Pittí, violándose con ello normas penales”, señala Rivera en su querella.
Poco después, en septiembre de ese mismo año, Martinelli remplazó a Rivera y otorgó poder a Jaime Montero.
Sostiene que la transcripción de dicha conversación es ilegal, ya que se realizó sin previa autorización de la Corte Suprema de Justicia, lo cual es violatorio de la Constitución y el Código Judicial.