La Procuraduría General de la Nación admitió una querella penal interpuesta por el abogado Vicente Archibold, en representación del aspirante presidencial independiente Miguel Antonio Bernal, contra los tres magistrados del Tribunal Electoral, por la presunta comisión del delito contra la administración pública, específicamente por abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
Esta querella penal fue interpuesta por Bernal contra los magistrados Heriberto Araúz Sánchez, Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá Wendehake.
Originalmente Archibold presentó esta querella ante la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia, que luego la envió a la Procuraduría General de la Nación.
Como antecedentes del caso, Archibold señaló que los tres magistrados del TE habrían perjudicado al abogado Bernal, aspirante presidencial por la vía independiente, al supuestamente "ordenar eliminar las firmas de respaldo de los libros que entregó a la Dirección de Organización Electoral".
De acuerdo con la querella, el Tribunal Electoral (TE) –institución encargada de organizar los torneos electorales en el país– descartó el 35% del total de las rúbricas presentadas de respaldo, adicional a 10% de ellas que no fueron contabilizadas, porque "no se cumplió el procedimiento que establece el Código Electoral y el Decreto No. 10 de 3 de julio de 2017".
Entre los motivos esgrimidos por el TE –siempre según la querella– se encontraba que ni el nombre ni la firma coincidían con el de las cédulas, que el ciudadano ya tenía firmas aceptadas para otro candidato; cédula inexistente; ciudadano inhabilitado por delito electoral; número de cédula ilegible, entre otros.
En ese sentido, Archibold indicó que no existe un "criterio científico" para determinar la falta de coincidencia entre la firma presentada y la cédula de las personas que buscaban apoyar a Bernal, "considerando que al estamparla ante el TE se efectúa sobre una superficie distinta al papel común, lo que evidencia la inexistencia de razones objetivas para determinar los mecanismos de descarte utilizados".
En un escrito del 10 de julio de 2018, firmado por la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, y el secretario general, Rolando Rodríguez, la entidad indica que la solicitud de admisión de la querella cumplía con los requisitos señalados en la ley y que, por lo tanto, avalaba su admisión. En los próximos días, los magistrados del TE –Araúz, Valdés Escoffery y Juncá Wendehake– deberán ser notificados del caso.
