Peritos de la Contraloría General de la República se ratificaron en el informe entregado a la Fiscalía Segunda Anticorrupción, en el cual se establece que la exministra de Educación Lucy Molinar no cumplió con la supervisión necesaria en el proceso de adquisición de comida deshidratada por un monto de 45 millones de dólares a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Los cinco auditores que prepararon el informe acudieron a la fiscalía la semana pasada y confirmaron los hallazgos. Según el informe, para la adquisición del producto no se hizo una evaluación técnica, ni estudios de factibilidad.
Molinar, a quien también se le investiga por la compra de mochilas escolares, acudió a la fiscalía el pasado 26 de febrero, pero se acogió al artículo 25 de la Constitución que permite no declarar contra sí mismo.
Molinar, quien enfrenta cargos por peculado, tiene medida cautelar de impedimento de salida del país y notificación cada tres días.
Marciaga, enfermo
Por otro lado, el empresario Juan Carlos Marciaga solicitó a la Fiscalía Cuarta Anticorrupción una revisión de su estado de salud a través de Medicatura Forense del Instituto de Medicinal Legal y Ciencias Forenses (Imelcf). Marciaga es investigado por delitos contra la administración pública y fraude en licitación en el programa “Piso y Techo” del Ministerio de Vivienda.
Hilda Bonilla, abogada de Marciaga, reveló que la petición es porque el empresario tuvo una operación en la columna y padece fuertes dolores. Marciaga, envuelto en las supuestas irregularidades del PAN por contratos para la compra de bolsas de comida, se encuentra desde el sábado 14 de febrero con la medida cautelar de detención preventiva.
Fuentes judiciales informaron que desde el viernes pasado Marciaga fue trasladado de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de Ancón a la Dirección de Investigación Policial (DIP), en la sede de la Policía de Ancón.