El Movimiento Independiente por Panamá (Movin) expresó su profunda preocupación por la “constante intimidación, amenazas y público hostigamiento” que padecen los fiscales y jueces que intervienen en los procesos por delitos de corrupción, y los insta a no ceder en sus tareas “ni una pulgada”.
“No hay duda que tales amenazas están orientadas a impedir el fundamental ejercicio de nuestras instituciones de justicia, en la persecución de inaceptables conductas y sancionar a los responsables”, indicó Movin en un comunicado que circuló este lunes, 21 de marzo
“El reto democrático de Panamá en este lustro es superar la impunidad e instalar una justicia y una institucionalidad de control que genere confianza pública”, agregó.
La semana pasada, la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, informó que en los últimos dos años se han iniciado procesos a 294 personas –entre particulares, proveedores del Estado, exfuncionarios del pasado gobierno y servidores de la actual administración- por la posible comisión de delitos contra la administración pública.
Estos casos, en conjunto, habrían causado una lesión patrimonial al Estado calculada en $670 millones. Hasta ahora, se ha logrado la cautelación de bienes por $120 millones.