“El Ejecutivo no es juez”. Así de tajante fue el presidente Juan Carlos Varela, cuando ayer se le preguntó sobre si removería a Nicolás Corcione de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por sus constantes ausencias a las sesiones de trabajo de esa instancia, tal como lo plantearon algunos directivos de la vía acuática.
“El Ejecutivo tiene que dejar eso al sistema judicial y al Ministerio Público”, destacó Varela sobre el futuro de Corcione en la ACP.
Su respuesta va en contravía con la posición de directivos de la ACP, en el sentido de que correspondería al Presidente de la República, como autoridad nominadora, remover a un directivo de la vía interocéanica por sus ausencias.
La idea fue planteada por Adolfo Ahumada, Ricardo De la Espriella y el diputado Elías Castillo, basados en el artículo 20 de la Ley No. 19 del 11 de junio de 1997, que organiza el Canal de Panamá y establece que: “Los miembros de la junta directiva serán suspendidos y, en su caso, removidos de sus cargos por la comisión de delito doloso o contra la administración pública. La suspensión o remoción de los directores será aplicada sin perjuicio de cualquier sanción penal que proceda”.
“Los directores también podrán ser suspendidos o removidos por comprobada incapacidad física, mental o administrativa, mediante disposición del Presidente de la República, con el acuerdo del Consejo de Gabinete y la Asamblea Legislativa”.
Corcione está fuera del país desde julio y desde esa fecha no asiste a las reuniones de la directiva.
Su ausencia se da luego de que el Ministerio Público le imputó cargos por la supuesta comisión del delito de blanqueo de capitales, en un caso relacionado a cuentas vinculadas al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna.
En tanto, Annette Planells, del Movimiento Independiente (Movin), expresó que es “importante” que el presidente Varela haga una definición sobre la situación de Corcione por sus ausencias en la junta directiva de la ACP, que sí le corresponde al Ejecutivo, y por otro lado, por su proceso judicial, que le atañe a la justicia.
Planells señaló que Corcione está en la obligación de asistir a las sesiones de la ACP y “si no lo hace, el Presidente de la República debe ejercer su autoridad y separarlo del cargo”.
Por su parte, el exmagistrado del Tribunal Electoral Guillermo Márquez Amado indicó que parece haber “una falta de voluntad del Ejecutivo en solucionar un conflicto” en la directiva del Canal, que está en un momento crucial con respecto a la finalización de su ampliación.
Mientras que Roberto Troncoso, del Foro Ciudadano, afirmó que el caso Corcione pone en una situación delicada la imagen del propio Canal, por lo que es importante nombrar cuanto antes a su sucesor.
“Se le debe buscar una salida y una medida”, dijo Troncoso, al referirse a este proceso.