El relator del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (ONU), Jorge Cardona Llorens, puso en duda que el toque de queda para menores de edad, aplicado en la mayor parte de las alcaldías de Panamá con base en la Ley 3 del 17 de mayo de 1994, sea una normativa que protege a la infancia. “¿Es Panamá un Estado de derecho?”, se interrogó a este respecto.
Para el organismo internacional, se trata en realidad de una medida que corresponde a una privación ilegal y arbitraria de la libertad de las personas, a pesar de que se inserta en el código de la familia bajo el artículo sobre ‘menores en circunstancias difíciles’.
Esta regulación consiente que un menor de edad pueda ser retenido por los agentes de policía para ser conducido a la estación policial más cercana si se encuentra sin cédula de identificación y sin estar acompañado por un adulto responsable.
En la práctica se efectúan registros policiales con métodos similares a los que usan con los delincuentes comunes. La ONU observó el riesgo de que con esta disposición se finalice por criminalizar a un niño inocente al tratarlo como si hubieran cometido un delito.
Ante esta situación, la ley prevé multas si se encuentra a un menor en las calles en los horarios no establecidos, que deberá ser pagada por los padres o los familiares más cercanos.
El Comité de la ONU también interrogó a Panamá sobre lo que sucede con el niño en caso de que la familia no pueda hacerse cargo de la sanción económica.
En la sesión de este jueves en la que, sobre todo, se ha centrado en la réplica de los distintos funcionarios y técnicos de la delegación panameña que viajó hasta Ginebra (Suiza), también se observaron los aspectos relativos a la falta de una estrategia integral de promoción de derechos en Panamá.