El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Oydén Ortega, pidió al resto de sus colegas que decidan sobre la constitucionalidad o no de la Ley 55 de 2012 (conocida como “ley blindaje”), razón por la que no ha podido avanzar en la investigación que adelanta al expresidente de la República y actual parlamentario centroamericano (Parlacen) Ricardo Martinelli Berrocal, por la compra de alimentos deshidratados con dineros del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
La investigación se encuentra paralizada desde el 2 de julio pasado, cuando Ortega –como fiscal de la causa judicial- presentó una advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 491A de la Ley 55 (incorporado al Código Procesal Penal), que limita a dos meses el periodo para procesar a los diputados (principales o suplentes), ya sea de la Asamblea Nacional o el Parlacen. Ortega presentó el recurso dos días antes de que venciera el plazo para concluir su investigación.
El ponente es el magistrado Hernán De León.
“Creo firmemente que el plazo de dos meses que otorga el artículo 491A para investigar este tipo de causas es insuficiente y constituye un trato desigual que no se compagina con el que se tiene para investigar a otros funcionarios, cuyo juzgamiento corresponde a esta corporación de justicia”, señaló Ortega en una carta dirigida este lunes, 16 de noviembre, a José Ayú Prado, presidente de la Corte Suprema de Justicia, con copia al resto de los magistrados.
En la Corte hay, en total, cuatro demandas contra la Ley Blindaje. Tres tienen como ponente al magistrado Hernán De León y una a Gisela Agurto, suplente de Ortega.
“Al no decidirse sobre la advertencia de inconstitucionalidad del referido artículo 491A se mantiene suspendido indefinidamente el proceso dentro del cual se solicitó la respectiva advertencia”, agregó en la nota.
Igualmente, recordó que el pleno debe decidir sobre el futuro del proyecto de ley 214 de 2015, que otorga más condiciones para procesar a los diputados –y extiende las prerrogativas a los magistrados y el presidente y vicepresidente de la República-. El referido proyecto fue aprobado por la Asamblea Nacional por insistencia en octubre pasado, tras el veto -por “inexequible”- del gobernante Juan Carlos Varela.
Ortega resalta que su interés en el tema “es compartido por una gran cantidad de panameños”, razón por la que el pleno de la Corte está obligado a emitir un pronunciamiento cuanto antes.