Las 14 personas investigadas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en cuentas ligadas al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Moncada Luna, sí deben ser investigadas por el Ministerio Público.
Así se expresó el diputado Pedro Miguel González, fiscal en el proceso que concluyó con la destitución y encarcelamiento de Moncada Luna, al referirse al fallo del Segundo Tribunal Superior Penal que anuló la investigación seguida a Nicolás Corcione Pérez Balladares (actual miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá),Felipe Alejandro Virzi López, Ricardo Alberto Calvo Latorraca y María del Pilar Fernández de Moncada Luna, entre otros.
González coincidió con lo expresado por el magistrado Luis Mario Carrasco en su salvamento de voto sobre el fallo firmado el 23 de septiembre que anuló el citado proceso.
"Las condiciones del acuerdo [de pena] solo le eran aplicables al magistrado que estaba siendo investigado, no al resto de las personas involucradas en los hechos", indicó González, en declaraciones a TVN Canal 2.
El fallo de los magistrados Wilfredo Sáenz (ponente) y María De Lourdes Estrada (dirimente) benefició además a Alberto Ortega Maltez, Felipe Antonio Rodríguez Guardia, Humberto Elías Juárez Barahona, María Gabriela Reyna López, Mauricio Antonio Ortiz Quesada, Claudio Poma Murialdo Sonmaruga, Óscar Iván Rivera, Francisco Feliu Nigaglioni, Jorge Enrique Espino Méndez y Julián París Rodríguez.
González pactó un "acuerdo de pena" con Moncada Luna, en el que este reconocía la comisión de dos delitos (enriquecimiento injustificado y falsedad de documentos públicos) a cambio de una condena de 60 meses de prisión. No se le procesó por los otros dos delitos investigados: blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios.
"Ese [blanqueo] fue uno de los cargos por el cual lo investigamos y en virtud del acuerdo, tal cual lo establece el artículo correspondiente del Código Procesal Penal, fue uno de los cargos que desestimamos. No se le podría investigar a él por este mismo caso", explicó. No obstante, dejó claro que ese acuerdo únicamente beneficia a Moncada Luna, no a otras personas.
"Tengo una postura que coincide [con Carrasco], que el resto de las personas sí debieran ser investigadas", remarcó.
Sáenz y Estrada fueron denunciados penalmente por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública, de corrupción de servidor público y/o concusión.