El Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de la Dictadura Militar en Panamá Héctor Gallego exigió que el exdictador panameño Manuel Antonio Noriega –hoy día bajo depósito domiciliario temporal– diga quién dio las órdenes de asesinar y detener a las víctimas de la dictadura militar.
Asimismo, Maritza Maestre, coordinadora del comité, reiteró el rechazo de ese grupo a la medida de depósito domiciliario temporal que se le concedió recientemente a Noriega y que lo mantiene en la residencia de su hija Sandra, en el corregimiento de San Francisco.
Maestre dijo que se ha mostrado una imagen de un Noriega en una condición de salud "deteriorada", pero que –durante la audiencia del viernes pasado– contestaba "con prepotencia" a los hijos de los militares fallecidos.
"Todavía dice que él no mató y ¿quién dio la orden si él era el jefe?", sostuvo Maestre, en conferencia de prensa efectuada este jueves 2 de febrero.Agregó que en el país hay una gran cantidad de privados de libertad enfermos que necesitan ir a sus casas, pero no se toman decisiones como las adoptadas con Noriega.
"No es lo mismo el que roba que el que mata [...] esta decisión la querían hacer desde hace tiempo y ese depósito domiciliario va a ser permanente”, afirmó.Después de 27 años de estar encarcelado, el exdictador, de 82 años de edad, condenado por el asesinato de Hugo Spadafora y la masacre de Albrook, entre otros crímenes, fue trasladado el 28 de enero pasado a la residencia de una de sus hijas.
Por otro lado, Encarnación González, también miembro de la agrupación, exigió al Estado panameño que sea responsable con las víctimas, los familiares, y con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el cumplimiento de los compromisos planteados en la mesa de entendimiento desde junio de 2010.
Maestre dijo que con la admisión del caso Panamá por la CIDH, en octubre de 2015, se cuenta con un plazo –hasta octubre próximo– para trabajar con los ejes fijados, entre esos la reparación económica. Añadió que la semana pasada se dio una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas y de la Contraloría General de la República para iniciar precisamente el trabajo de esta compensación, cuyo monto aún es sometido a una evaluación.