Nahaniel Murgas, fiscal contra la Delincuencia Organizada, afirmó ayer que está probada la vinculación de los exsecretarios del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, así como de sus subalternos Ronny Rodríguez y William Pittí, con las escuchas telefónicas durante el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Al presentar sus alegatos durante el segundo día de la audiencia preliminar que se sigue en el Juzgado Decimosexto Penal a Garuz, Pérez, Rodríguez y Pittí –estos dos últimos prófugos–, Murgas pidió al juez llamar a juicio a todos los imputados.
Dijo que la vinculación de Pérez está probada, pues su firma está en el contrato para comprar la pinchadora. Además, que en un allanamiento en su residencia se hallaron correos electrónicos que corresponden a varias de las víctimas de las escuchas.
En cuanto a Garuz, Murgas sostuvo que su participación quedó evidenciada tras la ubicación en su teléfono celular de varios correos electrónicos de personas que denunciaron haber sido espiadas.
A la audiencia solo comparecieron 5 de los 16 querellantes, entre ellos Mitchell Doens, que asumió su propia representación legal; Balbina Herrera, representada por el abogado Rodolfo Pinzón; Rosendo Rivera, en representación propia; Rubén Polanco, representado por la abogada Cecilia Torres, y José Bethancourt, en representación del CSN.
En la audiencia también se desestimó un incidente de nulidad del proceso presentado por Cristóbal Arboleda y Alejandro Pérez, abogados de Gustavo Pérez y Ronny Rodríguez.
En su alegato, Alejandro Pérez aseguró que no existen evidencias para vincular a su cliente con el ilícito investigado y que para esclarecer todo se debe ubicar al miembro de la Policía Nacional Ángel Pittí, a quien señaló como el que ejecutó las escuchas telefónicas. Pérez pidió sobreseimiento provisional de los imputados hasta que se ubique a Ángel Pittí.
