La Fiscalía Segunda Anticorrupción solicitó una prórroga en la investigación sobre la desaparición de un equipo tecnológico destinado a escuchas telefónicas ilegales en la administración del expresidente Ricardo Martinelli y que fue comprado a una empresa israelí con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) por $13.4 millones.
Una fuente ligada a la investigación detalló que la prórroga fue solicitada por la fiscalía, a cargo de Vielka Broce, luego de que se le venciera el término establecido en la ley para instruir el sumario y aún tiene pendientes diligencias a efectuar dentro del proceso para tratar de ubicar el equipo y a los responsables de su desaparición.
La investigación inició luego de que el pasado 2 de diciembre, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Rolando López Pérez, presentara una denuncia contra el exdirector del CSN, Alejandro Garuz por el supuesto delito de peculado.
Se conoció que al expediente que adelanta la fiscalía se adjuntó las declaraciones jurada de los agentes Jubilo Graell y Javier Quiroz, quienes narraron en detalle toda la operación que implicó el traslado de la máquina desde el edificio 150 en Ancón –sede del Consejo de Seguridad–, hasta las oficinas del Súper 99, propiedad del expresidente Martinelli, en Monte Oscuro.
Estos testimonios están en el expediente que instruyó la Fiscalía Contra el Crimen Organizado por las escuchas ilegales perpetratadas contra 150 personas y cuya vista fiscal ya se remitió al Órgano Judicial con pedido de juicio para Garuz, Gustavo Pérez, exjefe del CSN y los exagentes de esa dependencia Ronny Rodríguez y William Pittí.
