La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada encontró pruebas sobre la supuesta vinculación del empresario Nicolás Corcione con lavado de activos a través de cuentas ligadas al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Alejandro Moncada Luna.

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el fiscal Nahaniel Murgas halló en cuentas del Banco General dos cheques a nombre de la sociedad Cobros GC, S.A., que se presumen corresponden a pagos hechos a Corcione por los dueños de la empresa Conceptos y Espacios, S.A., a cambio de un contrato adjudicado cuando Moncada Luna era presidente de la Corte para la remodelación del Tribunal Marítimo.

“Los cheques fueron traspasados de la sociedad de Jorge Espino y Julián París a una cuenta de Corcione en el Banco General”, dijo la fuente.

Espino, detenido preventivamente, declaró que, tras participar en la licitación, Corcione le propuso que le diera $600 mil para obtener el contrato.

Corcione fue acusado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales. El caso está frenado, pues la defensa del empresario presentó un recurso ante la Sala Penal de la Corte, para que determine si este debe ser procesado conforme al sistema penal acusatorio por ser directivo del Canal. 

'PIPO' VIRZI, EL TESTIGO CLAVE

El comerciante y exvicepresidente de la República Felipe Pipo Virzi ampliará su declaración indagatoria en el caso que investiga la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada por presunto lavado de dinero en cuentas ligadas al exmagistrado de la Corte Moncada Luna.

La decisión de la fiscalía se produce a raíz de una petición de la defensa de Virzi, a fin de aclarar algunos puntos de su primera declaración, en la que aseguró no tener ninguna participación en el esquema de blanqueo de capitales y que todo lo hizo con el propósito de ayudar a Moncada Luna.

Así lo confirmó a este medio la abogada de Virzi, Guillermina McDonald.

A principios de julio pasado, Virzi aseguró al fiscal Nahaniel Murgas que “fingió” un préstamo a favor de Moncada Luna. Fuentes ligadas al proceso revelaron que en la nueva cita con la fiscalía, Virzi cambiaría su versión.

El papel del comerciante en esta trama es determinante, luego de que el exmagistrado de la Corte dijera que fue el “tío Pipo” quien le prestó $700 mil para la compra de un apartamento en el P.H. Santorini.

Más adelante, el propio Virzi contradijo a Moncada Luna al decir que el préstamo no fue de $700 mil, sino de $1.8 millón.

Tiempo después, Pedro Miguel González, fiscal del proceso que siguió la Asamblea Nacional al exmagistrado por enriquecimiento injustificado y otros cargos, aprehendió varias cuentas bancarias de más de una decena de sociedades, algunas de estas pertenecientes al propio exvicepresidente.

Una operación similar emprendió la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada como parte del proceso por blanqueo de capitales, pesquisas que están en la fase final, pero que en este momento se encuentran paralizadas en espera de que la Sala Penal de la Corte resuelva un recurso interpuesto por Roberto Moreno, abogado del empresario Nicolás Corcione, para que determine si este debe ser procesado a través del sistema penal acusatorio o del sistema inquisitivo.

Moreno argumenta que su defendido debe ser investigado por el sistema penal acusatorio, pues es miembro de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

Esta tesis es rebatida por expertos en la materia, quienes argumentan que los directivos de la ACP no son funcionarios con mando y jurisdicción nacional y por tanto deben ser procesados conforme al sistema inquisitivo.

El caso está en manos del magistrado Luis Mario Carrasco, luego de que Harry Díaz se declarara impedido, porque es vecino de Corcione en la capital.

Corcione está fuera del país desde principios de julio pasado, días antes de que se diera a conocer que el Ministerio Público lo investigaba por supuesto blanqueo de capitales.

El empresario Jorge Espino, de la firma Concepto y Espacios, S.A., declaró en indagatoria que Corcione le pidió $600 mil a cambio de un contrato para la remodelación de la sede del Tribunal Marítimo en Ancón.

Un pago, por $400 mil, debía ser depositado en la cuenta de Cubemu, S.A., ligada a Virzi y al empresario Ricardo Ricky Calvo; y otro, por $200 mil, debía salir a nombre de Cobros GC, S.A.

Por este caso, Virzi está bajo arresto domiciliario.