Un nuevo grupo de víctimas de escuchas telefónicas durante la pasada administración compareció ayer a la Fiscalía Auxiliar de la República para notificarse de la investigación que adelanta ese despacho.
Uno de ellos fue el alcalde del distrito de Panamá, José Isabel Blandón, quien aseguró que en la fiscalía reposa copia de una conversación sostenida con uno de sus asesores sobre las estrategias de campaña para los comicios de mayo de 2014.
Detalló que en el expediente también hay un registro del número del teléfono celular perteneciente a su padre, por lo que afirmó que estas interceptaciones telefónicas fueron ordenadas por el entonces presidente Ricardo Martinelli.
A su vez, Blandón demeritó los señalamientos del exmandatario, en el sentido de que estas investigaciones obedecen a una persecución política.
“Martinelli tiene que aprender a ser hombrecito y enfrentar las consecuencias de sus acciones”, aseguró Blandón, al tiempo que agregó que interpondrá una querella contra los que resulten responsables.
Por su parte, el dirigente del Partido Revolucionario Democrático Bernabé Pérez dijo que sus conversaciones telefónicas también fueron intervenidas, por lo que presentará una querella penal.
Reinaldo Rivera, otro dirigente de ese partido opositor, reveló que en su caso hay grabaciones de conversaciones con miembros de su colectivo, entre ellos Mitchell Doens y Francisco Sánchez Cárdenas, basadas en estrategias políticas.
En tanto, la diputada perredista Zulay Rodríguez señaló que fue citada por la Fiscalía Auxiliar por que su nombre aparece en un listado de personas a las que se les interceptaron sus comunicaciones.
Explicó que ya concedió poder al abogado Ángel Álvarez para que presente una querella penal contra quienes ordenaron los pinchazos.
Aseguró que en la fiscalía le notificaron que, por lo extenso de la documentación a analizar, lo prudente sería que la diligencia se cumpliera hoy.
Rodríguez está segura que las intervenciones a sus teléfonos y correos electrónicos tienen varios años.
“Cada persona que se comunicaba conmigo era pinchada y objeto de seguimiento por parte de los estamentos de seguridad del Estado”, denunció.
En tanto, el empresario Stanley Motta, quien confirmó que fue espiado ilegalmente, dijo que es al Ministerio Público (MP) al que le corresponde investigar sobre el tema.
Aclaró que sus correos electrónicos fueron interceptados, no así su teléfono celular.
REACCIÓN DE PALACIO
Sobre el tema, el presidente Juan Carlos Varela expresó no estar preocupado por ser una de las posibles víctimas de los pinchazos en la pasada administración.
Agregó que el tema está en el MP y como Gobierno Central debe cumplir su deber al identificar la falta y colaborar con las autoridades correspondientes.
Negó que esté utilizando al MP para “persecusiones políticas”, ya que esta institución lo que hace es investigar qué equipos sensitivos se utilizaron para grabar a los ciudadanos, dirigentes políticos, empresarios y periodistas.
Además, Varela rechazó que exista una componenda para perjudicar a sus adversarios.
El mandatario aclaró que los asesores legales de la Presidencia no tienen acceso a los expedientes de la investigación sobre escuchas telefónicas que desarrolla el MP.
En tanto, Alma Cortés, exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral en la época de Martinelli, aseguró que son investigaciones muy delicadas y que la procuradora Kenia Porcell está en una coyuntura muy difícil, en la que debe mantener un equilibrio en sus actuaciones.
La exfuncionaria alegó que este tema puede tener un trasfondo político por parte de algunas personas con intereses muy específicos.
DILIGENCIAS
Anoche, el ex secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional Gustavo Pérez, quien permanece detenido bajo cargos de atentar contra la inviolabilidad del secreto y derecho a la intimidad, fue trasladado a la Fiscalía Auxiliar para ser indagado por la supuesta comisión del delito de posesión ilegal de armas.
Pérez fue llevado a eso de las 6:30 p.m., pero su abogado Armando Fuentes no había sido notificado de esa diligencia.
Fuentes destacó que el fiscal Marcelino Aguilar dispuso practicar la indagatoria a su cliente sin que mediara una notificación formal.
Manifestó que estas acciones irregulares ponen a su defendido en una situación de indefensión, lo cual constituye una violación del debido proceso.
El jurista expresó que Pérez está dispuesto a cooperar con la investigación y aportar todas las pruebas concernientes a su labor desarrolladaen el Consejo de Seguridad.
A Pérez se le acusa de mantener varias armas de guerra en su residencia, las cuales no contaban con los permisos, por lo que se le formularon cargos.
A quien también se le hallaron armas en su residencia fue al exsecretario del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz, sin embargo, estas sí tenían permisos. Al igual que Pérez, Garuz permanece detenido en la DIJ por el caso de las interceptaciones ilegales.
