El presidente Juan Carlos Varela invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) a conocer el centro penitenciario de Punta Coco, en Isla del Rey, luego de que este foro regional advirtiera que la vida e integridad de los detenidos en dicho penal “está en riesgo”.
“Los invito a que visiten el centro y vean las facilidades que se están dando en ese lugar. De comida, de todo (...) comparado con otros centros del país, que estamos remodelando actualmente”, dijo el gobernante, durante una gira en la provincia de Veraguas este martes 1 de marzo.
En un informe divulgado el pasado 25 de febrero, la CIDH –a través de un informe que firma la secretaria ejecutiva adjunta Elizabeth Abi-Mershed- solicita a Panamá que adopte medidas para cesar la “situación de aislamiento” en la que se encuentran los seis detenidos en Punta Coco, en un plazo de 15 días.
La CIDH también solicitó que se adopten medidas para preservar la vida e integridad de Félix Humberto Paz Moreno, quien presentó las quejas ante la CIDH.
Varela alega que Isla Coco ha permitido “evitar que quienes dirigen las bandas más peligrosas de este país puedan actuar con la facilidad con la que lastimosamente estaban actuando en otros centros penitenciarios”.
Incluso, justificó el aislamiento, ya que si conviven con reclusos en otras cárceles, sus vidas corren peligro.
No obstante, anunció que hará frente “a los cuestionamientos que se hacen, buscando siempre cumplir con la Constitución”, aunque no precisó cómo.
El penal, en pleno archipiélago de Las Perlas, ha generado diferentes reacciones desde que el 24 de junio de 2015, el gobierno decidió el traslado de seis reos a la base militar que opera el Servicio Nacional Aeronaval en Punta Coco.
La Defensoría del Pueblo solicitó el cierre del penal y el traslado de los reclusos a la Nueva Joya, en las afueras de la capital. No obstante, la Corte Suprema de Justicia, en un fallo de diciembre pasado, consideró que Isla Coco es apta para acoger detenidos de alto perfil, siempre y cuando se garantice su integridad y el derecho a la defensa.
Según el informe de la CIDH, los detenidos reclaman que se les mantiene aislados en celdas casi las 24 horas del día, sometidos al calor y a supuestos hostigamientos y maltratos por parte de los custodios. Igualmente se quejan por la calidad del agua y por la ausencia de servicios médicos. También porque sus abogados deben trasladarse por sus propios medios cada vez que requieren una asistencia legal, lo que representa un gasto de hasta $3 mil dólares por el alquiler de un helicóptero hasta Isla Esmeralda y otros $500 por un viaje en lancha de ahí a Isla Coco.