El procurador de la Administración, Rigoberto González, urgió al actual gerente general de la Caja de Ahorros (CA), Mario Rojas, a constituirse en parte interesada en la investigación que adelanta la Fiscalía Primera Anticorrupción, sobre las irregularidades en el préstamo que otorgó la entidad bancaria a los contratistas del fallido centro de convenciones de Amador.
En una nota dirigida a Rojas el pasado martes 18 de octubre, González admite su sorpresa ante un comunicado de la CA, en la que la entidad advierte al público que no es denunciante dentro del proceso que dirige la fiscal Tania Sterling, “por lo que no nos compete emitir opiniones o juicios de valor al respecto”.
González advierte a Rojas que hay varias disposiciones legales –como la Constitución, el Código Judicial y el Código de Conducta y de Ética de la CA- que obliga a los servidores públicos a comunicar a las autoridades aquellas infracciones que sean de su conocimiento.
"No le corresponde al servidor público realizar juicios de valor en torno a la conveniencia o no de determinada acción, ya que frente a la supuesta afectación del patrimonio del Estado, solo está llamado a promover todas las vías necesarias en procura de esclarecer los supuestos hechos que involucran a la entidad bancaria que usted representa", señala González en la nota dirigida a Rojas.
El artículo 18 de la Constitución señala: "Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infracción de la Constitución o de la ley. Los servidores públicos lo son por esas mismas causas y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas".
Adicional, el artículo 1972 del Código Judicial dicta que en los procesos por delitos patrimoniales contra cualquier entidad pública o delitos contra la administración pública que generen perjuicios económicos, "será obligatoria la constitución de parte a cargo de la entidad perjudicada".
Por el caso que investiga la fiscal Sterling, se le ha imputado cargos a todos los miembros de la junta directiva de la CA en el gobierno pasado, cuando se aprobó el préstamo de $9 millones al consorcio HPC-Contratas. Riccardo Francolini y Rodrigo Arosemena Pino, expresidente de la junta directiva y exsubgerente general, respectivamente, de la CA, se encuentra detenidos provisionalmente desde el pasado 12 de octubre.
