El magistrado José Ayú Prado, en funciones de fiscal, ordenó el archivo provisional de las investigaciones seguidas al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y los diputados Vidal García y Sergio Chello Gálvez –ambos de Cambio Democrático (CD)- por la compra de granos con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), en el gobierno pasado.
Ayú Prado alegó que, hasta el momento, no se ha podido reunir “elementos de convicción idóneos que acrediten un hecho con apariencia punible”, según informa una nota de prensa del Órgano Judicial (OJ). Por tanto, se solicitó la ampliación de una auditoría practicada por la Contraloría General de la República.
"De lograrse la introducción de nuevos elementos a esta investigación, que faciliten la determinación de los autores o partícipes, se podrá considerar la reapertura de la causa", señala la nota del OJ.
La Fiscalía Primera Anticorrupción inició las investigaciones por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y peculado, en los contratos gestionados por Rafael Guardia, director del PAN en el gobierno pasado, para la compra de granos. En su declaración indagatoria, Guardia declaró que Martinelli era quien daba las directrices para adjudicar los contratos.
La fiscalía compulsó copias del expediente. La denuncia fue admitida por el pleno de la Corte el 17 de septiembre de 2015; Ayú Prado fue designado magistrado fiscal, mientras que Jerónimo Mejía fue investido como juez de garantías. Igualmente, admitió dos expedientes por separado, en relación a Gálvez y García, por considerar que la situación jurídica de ambos era diferente.
Guardia declaró que, en sus conversaciones telefónicas, Martinelli siempre le decía: "Te paso a Chichi y haz lo que diga", en referencia a su secretario privado, Adolfo Chichi De Obarrio, quien asignada los contratos para la compra directa de granos. Guardia, De Obarrio, Mario Martinelli -hermano del expresidente- y varios proveedores del PAN están siendo investigados por este caso. Se desconoce el paradero de De Obarrio.
El artículo 275 del Código Procesal Penal señala que el fiscal puede disponer el archivo del caso, "si no ha podido individualizar al autor o participe o es manifiesta la imposibilidad de reunir elementos de convicción". Su decisión puede ser revisada por el juez de garantías, "si la víctima lo solicita".
Ayú Prado llegó a la Corte de la mano de Martinelli, quien lo designó magistrado a partir de enero de 2013, por un periodo de 10 años.
