Las audiencias a los exministros Guillermo Ferrrufino y Frank De Lima pautadas para este jueves 15 de diciembre, fueron suspendidas por petición de sus abogados. De momento no se ha informado de una nueva fecha para estas diligencias.
La Fiscalía Séptima Anticorrupción tenía contemplado indagar a Ferrufino, exministro de Desarrollo Social, como parte de las investigaciones por la presunta comisión de los delitos de blanqueo de capitales y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documentos. Por las mismas causas también es procesada su esposa, Milena Vallarino de Ferrufino.
Mientras que por la sospecha de haber cometido el delito de blanqueo de capitales se indagará a su suegra, Amnelis Morales Pastorizo; al empresario Fotis Lymberópulos, y a Marta Herrera Marcos, presidenta de la fundación Hermanos Hefe, con la que el exministro adquirió una finca ubicada en El Valle de Antón, en la provincia de Coclé.
En esta lista también figura Miguel Ángel Herrera Marcos, quien compró el lote 277 de la parcela Palmeras del Golf, segregada de la finca 58579 vendida por Desarrollo Golf Coronado. Las propiedades mencionadas quedaron en manos de Ferrufino.
Entretanto, el exministro De Lima es investigado por la Fiscalía Tercera Anticorrupción por la supuesta comisión del delito de falsedad ideológica como parte de la investigación de una denuncia relacionada con presuntas irregularidades en la adjudicación del bingo televisado Buko Millonario a la empresa Grupo de Inversión Mundial (GIM).
La denuncia fue presentada por la empresa Gaming Global Corporation (GGC), que también compitió por la adjudicación del Buko Millonario en 2011 y demandó el contrato bajo alegatos de supuestas violaciones a la ley que creó la JCJ.
El 7 de julio de 2011, la JCJ, que era presidida por Frank De Lima, entonces titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), firmó el contrato con GIM para la administración y operación del bingo por 20 años prorrogables.
La fiscalía investiga la supuesta infracción del numeral 4 del artículo 71 de la Ley 2 de 1998, que restructuró la JCJ y que establece que el solicitante tiene la obligación de entregar "los nombres de las personas jurídicas" que obtuvieron la concesión.
En este caso, la empresa GIM solo informó los nombres de los directivos: Jackeline Chan de Watson, Danivia González y Egbert Agustín Wright. Sin embargo, las acciones estaban al portador, por lo que no se tiene información exacta sobre los beneficiarios finales de la sociedad que ganó el contrato.
El Buko Millonario empezó a funcionar en octubre de 2013 y un mes después del cambio del nuevo gobierno –en agosto de 2014– el entonces director de la JCJ, Eric Ríos, cuestionó que GIM nunca presentó de forma correcta su composición accionaria. Con base en esta irregularidad, el pleno de la JCJ canceló el contrato.
Tras sus casi dos años de operaciones, entre 2013 y 2014, el Buko Millonario obtuvo ingresos por $12.5 millones.
Este medio se comunicó con Eduardo Sequeira, abogado del exministro De Lima, quien informó que no podía dar declaraciones al respecto porque no tenía conocimiento sobre este expediente.
De Lima tiene una medida cautelar de impedimento de salida del país, como parte del proceso por supuestas anomalías en la compra de granos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN) para escuelas de difícil acceso.
Por este caso, el Segundo Tribunal Superior Penal le concedió el 26 de febrero pasado una fianza de excarcelación de $200 mil al exministro, luego de que este permaneciera nueve meses en detención preventiva.
