La exministra de Trabajo y Desarrollo Laboral Alma Cortés fue trasladada la mañana de este viernes 12 de agosto al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) para una revisión médica.
Cortés ingresó a las 9:30 a.m., escoltada por agentes policiales. Se retiró del lugar casi dos horas después; esta vez iba esposada. A los periodistas, les dijo que su caso judicial estaba motivado "por política y venganza".
La exministra regresó a la celda preventiva de la Policía Nacional (PN) en Ancón, para cumplir la orden de detención preventiva que se le dictó la noche del 11 de agosto, tras casi 12 horas de indagatoria como parte de la investigación que se le sigue por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado.
De hecho, estaba programado que este viernes el fiscal Sexto Anticorrupción Aurelio Vásquez retomara la diligencia de indagatoria. Sin embargo, Carlos Carrillo, abogado de la exministra, informó que la indagatoria se reanudaría en otra fecha. Posteriormente el Ministerio Público dio a conocer que la diligencia se reprogramó para las 9:00 a.m. del 17 de agosto próximo.
Carrillo cuestionó la actuación de Vásquez, quien −según dijo− anoche se negó a que su defendida recibiera atención médica. Dijo que en la sede de la PN hay dos paramédicos "que la pueden atender".
El abogado negó que Alma Cortés esté simulando alguna afección. "Si hubiera fingido, ¿por qué se presentó [a declarar]?". "¿Por qué tienen que humillar a una persona que está enfrentando el proceso y no evade el mismo?", agregó.
Más temprano, el exministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, se presentó en el edificio Avesa, donde están las sedes de las fiscalías anticorrupción.
Mulino expresó que si bien Cortés puede ser investigada −como le ocurrió a él por la compra de unos radares italianos− ningún ciudadano debe ser "humillado" de esa forma.
La Fiscalía Sexta Anticorrupción investiga a Alma Cortés por la supuesta comisión del delito de enriquecimiento injustificado, luego de que una auditoría de la Contraloría General de la República determinó que no puede justificar ingresos por $2.5 millones.