Protestan en la Corte para exigir ‘respeto’ a la autonomía universitaria

Estudiantes, administrativos y docentes de la Universidad de Panamá (UP) marcharon este jueves 11 de mayo hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La actividad partió a eso de las 9:00 a.m. de la Facultad de Humanidades y se dio "en defensa de la autonomía universitaria", según explicaron los asistentes.

Una vez en la Corte, una delegación, encabezada por el rector Eduardo Flores Castro, ingresó al lugar para conversar con el magistrado Abel Zamorano, y así plantear las inquietudes que los motivaron a organizar esta protesta.

Exigimos respeto a nuesta autonomía universitaria! pic.twitter.com/RntaN1nAQt

Según el rector, la acción se dio en rechazo a la opinión emitida por el procurador general de la Administración, Rigoberto González, dentro de la demanda contencioso administrativa interpuesta por la Contraloría General de la República, para que declare nulo, por ilegal, el artículo 182­B del Estatuto Universitario de la UP que estableció las bonificaciones para los académicos, así como su incremento avalado en 2016.

Así lo dejó saber el rector Flores Castro en una carta entregada este jueves en la Corte y la cual está dirigida al magistrado Luis Ramón Fábrega, de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

Según esta misiva, el Procurador de la Administración plantea –entre otros aspectos– que el Consejo General Universitario “ejerció de manera errada” la potestad reglamentaria al desarrollar el derecho a la bonificación por antigüedad en el artículo 182-B del estatuto universitario.

Dicho artículo fue modificado por el Consejo General Universitario en sesiones extraordinarias celebradas el 23 de junio ­y 4 de agosto de 2016. Con esta modificación aumentó el reconocimiento por antigüedad que recibe un académico al retirarse a los 75 años de edad. Originalmente, la bonificación se otorgaba hasta con 10 meses de sueldo pero aumentó a 15 meses de remuneración, considerando el promedio los cinco años de mejores salarios.

"Más allá del justo derecho a la bonificación de los profesores y administrativos, está en juego la institución de la autonomía universitaria", detalla la carta entregada a la Corte.

Añade que: "nuestro país no se puede permitir un precedente violatorio de la autonomía de la Universidad de Panamá, como el pretendido por la demanda de la Contraloría y la opinión del Procurador de la Administración. Muy por el contrario, debemos convocarnos a destacar y reflexionar sobre la trascendencia histórica de la autonomía en el desarrollo de nuestras universidades estatales y el país".

En tanto, Flores vio como positivo el encuentro con el magistrado Zamorano, "a quien le explicamos por qué la opinión de la Procuraduría pone en peligro la esencia y el corazón de la UP como universidad pública”.

El rector informó que fueron incluidos dentro del proceso y agregó que el documento entregado hoy ya está dentro del expediente.

En su demanda, la Contraloría establece que la normativa afecta los fondos públicos, vulnera la ley de carrera administrativa e incluso el Código Civil. Expone que al considerarse la remuneración y no los salarios, se incluye en el cálculo los gastos de representación, sobresueldos y demás prestaciones que reciban los servidores públicos.

Cuando fue candidato a rector, Flores manifestó estar de acuerdo con que a un docente se le bonifique, pero desaprobó el incremento que hizo el exrector Gustavo García de Paredes, –a solo días de las pasadas elecciones universitarias– en el que se incluyó dentro del cálculo de la bonificación el sueldo del profesor como autoridad por considerarlo "circunstancial".