Principio de especialidad, trasfondo político y quejas por el manejo del expediente y por el curso de la investigación fueron parte de los argumentos de abogados de imputados en el caso Odebrecht, cuya audiencia preliminar se desarrolla por estos días.
Hasta ahora, los defensores no han dicho que lo que hay en el expediente es falso.
Roniel Ortiz, abogado del expresidente Ricardo Martinelli, una vez más ventiló el supuesto principio de especialidad, el cual, dijo, protege a su cliente. También alegó una presunta inmunidad como miembro del Parlamento Centroamericano.
Martinelli insiste a Marquínez que tiene principio de especialidad
La defensa del expresidente Ricardo Martinelli se aferró nuevamente al principio de especialidad, como argumento para eludir los cargos de blanqueo de capitales relacionados con el pago de sobornos por parte de Odebrecht.
Roniel Ortiz, quien representa al exmandatario en este caso y fue el segundo abogado en presentar sus alegatos en el día de ayer jueves, durante la audiencia preliminar del caso, insistió en que Martinelli se encuentra protegido por el principio de especialidad y que la Fiscalía Especial Anticorrupción violó sus garantías fundamentales.
Esto, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia y el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, en distintas ocasiones, han rechazado esta teoría y, en consecuencia, han negado recursos a la defensa del exmandatario cuando sacan a relucir el tema. Esto fue incluso recordado por la juez Baloisa Marquínez el 12 de septiembre pasado, cuando se inició la audiencia preliminar.
Ortiz insistió que, cuando Estados Unidos lo extraditó el 11 de junio de 2018, Martinelli quedó protegido por el principio de especialidad y que el Ministerio Público debió cerrar todas las investigaciones en curso contra su cliente, pero que ello no se hizo.
Además, relató que otra ilegalidad cometida contra su cliente fue el hecho de que la fiscalía continuó con la investigación del caso Odebrecht, a pesar de que Martinelli en ese momento era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y que la competencia para juzgarlo e investigarlo la tenía la Corte Suprema de Justicia.
El Parlacen ha sido otra de las banderas de la defensa del expresidente para evitar procesos judiciales, aunque en 2018 renunció voluntariamente a ese foro regional para que la Corte perdiera la competencia de juzgarlo por el caso pinchazos. De esa manera, todos los casos en curso ligados a él quedaron en manos del Ministerio Público.
En su intervención, Ortiz repitió que el proceso a Martinelli es de “carácter político”, como reclama fue el de los pinchazos y todas las causas que le fueron abiertas.
Al final de su alegato, manifestó que “está claro” que su cliente “no es Águia”, el sobrenombre que aparecía en las planillas de sobornos que pagaba el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht.
El expresidente, de acuerdo con lo que declaró el exintendente de Odebrecht André Rabello al Ministerio Público, recibió al menos dos transferencias de la constructora a través de Caribbean Holding Services: una por $1.6 millones y otra por $300 mil.
Ortiz, quien también mantiene la representación de la amiga personal de Martinelli, Úrsula Banz, y de Fernando Carreiro Muradas, hijo de Aurora Muradas, otra de sus amigas, alegó que los cargos contra ambos son infundados, ya que no hay indicios de su vinculación con el supuesto esquema de corrupción de Odebrecht.
También expusieron sus alegatos los abogados de Muradas, Riccardo Francolini, Jaime Ford, Aaron Mizrachi, Evelyn Vargas y Federico Suárez. Todos pidieron sobreseimiento y levantar las medidas cautelares.
