El Ministerio de Gobierno adjudicó a la Constructora Riga Services, S.A. el contrato para la construcción del polémico complejo penitenciario en Divisa, provincia de Herrera.
La empresa presentó en la licitación pública una oferta de $181.1 millones para el desarrollo de esta obra, que en los últimos meses ha generado cuestionamientos por su ubicación y costo. Mientras que el Consorcio de Infraestructura Social Los Canelos, el segundo competidor del acto público, presentó una oferta de $181.6 millones.
Ambas propuestas estuvieron por encima del precio de referencia de $177 millones establecido por el Ministerio de Gobierno para la licitación.
De acuerdo con la Comisión Evaluadora, Constructora Riga Services, S.A. “cumplió con todos los requisitos exigidos por el pliego de cargos” y, además, presentó la propuesta económica más baja.
El contrato, bajo la modalidad de adjudicación global, contempla el estudio, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento del centro penitenciario, que estará ubicado en Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera.
Constructora Riga Services, S.A ganó recientemente el acto público para construir un complejo penitenciario especializado en resarcimiento y rehabilitación por $85.9 millones, que estará ubicado en Las Garzas, a unos 50 kilómetros del centro de la ciudad.
Cuestionamientos
La construcción de este nuevo penal ha generado preocupación en la región. Las comunidades y autoridades locales sostienen que no se oponen a su construcción; sin embargo, cuestionan que el proyecto se ubique en Divisa. Por ello, han pedido al Gobierno reconsiderar el sitio elegido, ante las posibles consecuencias ambientales y sociales.
Los residentes plantean tres principales preocupaciones. Una es la ambiental, por la cercanía del terreno con la cuenca del río Santa María y un área protegida. Otra es la participación ciudadana, debido a la necesidad de cumplir con los mecanismos establecidos en la Ley 6 de 2002. La tercera es el impacto social, particularmente por la proximidad del proyecto a centros educativos y las posibles consecuencias para las comunidades cercanas.
La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, ha defendido el proyecto. Sostuvo que la obra es considerada de seguridad nacional y que utilizaría entre 20 y 25 hectáreas del terreno, sin intervenir el área inundable. También ha señalado que el complejo estaría alejado del Instituto Nacional de Agricultura (INA).
Los detalles
La nueva cárcel, que estará localizada en las provincias centrales, tendrá capacidad para 3,000 personas privadas de libertad y unos 450 custodios.
El diseño contempla pabellones separados según el nivel de seguridad. Los internos de mínima y mediana seguridad ocuparán dormitorios colectivos para seis personas, mientras que los considerados de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales.
La obra también incluye una escuela de unos 1,300 metros cuadrados y talleres para capacitar a los privados de libertad en oficios como electricidad, ebanistería, soldadura, albañilería, plomería y costura.
El complejo contará con muros de concreto armado de hasta seis metros de altura, cercas de seguridad, corredores de vigilancia y barreras antitúneles. A esto se suma un sistema tecnológico de vigilancia con cámaras inteligentes.
