La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, reconoció que la Alerta Amber, destinada a la búsqueda y protección de menores desaparecidos, enfrenta serias dificultades para su implementación efectiva en el país.
Según la ministra, la falta de coordinación con las compañías telefónicas, no permiten la difusión masiva de la alerta a través de dispositivos móviles. Esto contrasta con los sistemas de otros países donde la alerta se envía directamente a los dispositivos móviles, estaciones de televisión y otros medios de comunicación en tiempo real.
Montalvo señaló que “no se tomaron las acciones necesarias para alterar las políticas de privacidad de estas empresas”, lo que ha limitado la funcionalidad de la alerta.
Aseguró que en el 2021, cuando la Ley 230 del 24 de junio de 2021 que estipula este protocolo de seguridad, se requerían al menos cinco millones de dólares, sin embargo, solo se asignaron 50 mil dólares para su desarrollo.
Estas declaraciones se dan luego de que la Defensoría del Pueblo informara sobre la apertura de una investigación de oficio contra los estamentos de seguridad y las entidades responsables de la investigación del caso del menor Juan David García González, por la posible vulneración de los derechos a la vida, integridad personal, libertad y seguridad ciudadana, así como los derechos de la niñez, adolescencia y personas con discapacidad.
Montalvo apuntó la responsabilidad a otra entidad. Dijo que es el Ministerio Público quien debe decir porque se emitió la Alerta Amber días después de que se reportara la desaparición del menor.
La ministra enfatizó que “el Ministerio de Gobierno no activa la alerta”, sino que depende de la instrucción del Ministerio Público, una de las múltiples entidades que intervienen en el proceso.
A su vez, criticó que la ley fue promulgada de manera apresurada, sin el debido análisis de las limitaciones tecnológicas y operativas que el país enfrenta. “La ley fue objetada en su momento en 2021 porque chocaba con los protocolos existentes del Ministerio Público”, explicó.
En su opinión, el caso de Juan David ha revelado las deficiencias del sistema y debe servir para tener un debate más amplio sobre la protección de los menores de edad. “Este es nuestro momento para dignificar la situación de Juan David a través de todos los cambios que tenemos que hacer”, afirmó.
García González, quien estaba desaparecido desde inicios de este mes, fue hallado sin vida el miércoles 16 de octubre en un edificio abandonado en Curundú.
