El uso de cámaras corporales por parte de la Policía Nacional será una herramienta formal tras la aprobación en tercer debate del proyecto de ley 90 en la Asamblea Nacional.
Aunque estos dispositivos han estado en funcionamiento desde 2020, la nueva disposición establece su obligatoriedad y establece su aplicación en determinadas acciones policiales.
En el proyecto de ley se plasma que las cámaras deberán ser utilizadas en acciones como el mantenimiento y restablecimiento del orden público, atención de emergencias, operativos de seguridad y vigilancia.
También estipula su uso en la supervisión del tráfico, aplicación de la Ley de Tránsito, cumplimiento de órdenes judiciales, mediaciones y situaciones que requieran el uso de la fuerza. Otro aspecto que se destaca es que las grabaciones no podrán ser editadas ni eliminadas, a fin de garantizar así su autenticidad.
Así mismo se establece que los agentes tendrán la obligación de notificar a los ciudadanos cuando estén siendo grabados; sin embargo, no será necesario obtener su consentimiento para iniciar la filmación. El material captado podrá ser utilizado en la elaboración de informes y en procesos judiciales.
