El Órgano Judicial inició el pasado 14 de marzo el proceso de aplicación de las pruebas sicológicas a 277 aspirantes a ocupar los cargos de magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones y jueces de garantías y de cumplimiento, que corresponde a la fase dos del proceso de selección del personal para dichas posiciones.
Las pruebas, que fueron elaboradas por especialistas de la Universidad de Panamá y de la Universidad Tecnológica de Panamá, son un requisito obligatorio para quienes aspiran a formar parte de la carrera judicial. Concluida la aplicación de la evaluación psicológica, los aspirantes pasarán a la prueba técnica, que se desarrollará del 27 al 31 de marzo, para dar por terminada la fase dos del concurso.
Luego, los que superen las pruebas pasarán a la fase tres, que tiene que ver con un proceso de formación y pasantía en el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá.
El proceso de entrega de documentos de los aspirantes se inició en agosto del 2022.
El Consejo de Administración de la Carrera Judicial recordó la importancia de ingresar a la carrera judicial. En primer lugar, por la independencia que teóricamente le da al funcionario saberse con estabilidad en el cargo y, en segundo lugar, porque asume todo los deberes y derechos de un servidor judicial.
Otro importante eslabón en la implementación de la ley de carrera judicial fue la conformación del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia. El pasado 1 de marzo, el Órgano Judicial instaló esta instancia encargada de investigar y juzgar casos de faltas a la ética a nivel interno. Tras un proceso de selección, quedó integrado por las magistradas Anadina Quirós, Giovanina Sanjur y Damaris Espinosa. El cargo de magistrado investigador quedó en manos de José Luis Alfaro.
La Ley de Carrera Judicial fue aprobada en el año 2015, pero no fue hasta cinco años después que el pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró vacantes los nombramientos de los magistrados de Tribunales Superiores y de Apelaciones de todo el país, para someterlos al proceso de la carrera judicial.
La falta de presupuesto para implementar la citada ley fue el argumento esgrimido por los magistrados que integraban el pleno de la Corte Suprema para no ponerla en ejecución.
En el año 2017, los hoy exmagistrados José Ayú Prado, Hernán De León y Luis Ramón Fábrega, que entonces integraban la junta directiva de la CSJ, designaron a casi 600 personas para trabajar en los juzgados y tribunales del Primer Distrito Judicial de Panamá del Sistema Penal Acusatorio (SPA), ignorando el procedimiento contemplado en la Ley 53 de 2015.
El 23 de diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucionales los artículos 7 y 8 de la Ley 176 de 2020, que permitían hacer recortes a los presupuestos del Órgano Judicial y el Ministerio Público. por ende, a partir del presupuesto de 2023, al Órgano Judicial se le asignaron los fondos necesarios para cumplir con la implementación de la Ley de Carrera Judicial y cumplir con otros compromisos.
