Augusto Antonio Robinson González, secretario nacional de relaciones internacionales e integración regional del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue aprehendido la noche del pasado lunes 5 de junio en el aeropuerto internacional de Tocumen, por viajar utilizando un pasaporte que no le pertenece.
La aprehensión de Robinson, que ahora enfrenta cargos por presuntamente falsificar documentos, fue legalizada por la juez de garantías Jossaira Rojas, en una audiencia celebrada este miércoles en las oficinas del Primer Distrito Judicial de Panamá.
La juez Rojas también dictó la medida de impedimento de salida del país, sin autorización judicial.
Durante la audiencia, Robinson alegó que es cónsul honorario de Granada en Panamá. Si esa información se confirma, el proceso deberá ser trasladado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Además, como miembro del PRD, pertenece a la Internacional Socialista.
Medida cautelar para ciudadano por usar pasaporte de otra persona
— OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) June 7, 2023
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Robinson utilizó el pasaporte de un familiar para viajar a México y así eludir la orden de arraigo de un juzgado civil, que le fue dictada en medio de un proceso de liquidación promovido en su contra por Metrobank.
Fue el 29 de marzo pasado que el Juzgado Decimocuarto Civil, a cargo de la juez Carmen Jurado, ordenó el arraigo, lo que en la práctica significa que Robinson no puede salir del país sin permiso de la juez. Esa medida es aplicable a Giovanni Ferrari, gerente general de la Zona Libre de Colón (ZLC), ya que el banco también promueve el proceso en su contra.
Robinson, además de ocupar una secretaría nacional del PRD, es miembro del patronato del estadio Rod Carew, por expreso deseo del presidente Laurentino Cortizo.
De estas medidas cautelares está al tanto el Servicio Nacional de Migración, ya que le juez Jurado les giró un oficio para notificar del arraigo impuesto a Robinson y Ferrari.
En el Auto 821//45889-18 del pasado 28 de marzo, el juzgado declaró “en estado de liquidación (en calidad de por ahora)” a Ferrari, Robinson y seis sociedades, cuyo representante legal es el dirigente del PRD: Inversiones Murcia, Pistar Holding, Harpel Industrial Corp., Delcamar Enterprises, Pistar Chiricano y Pistar Veragüense.
El juzgado ordenó el embargo y depósito de todos los bienes muebles e inmuebles, dineros, libros, papeles y demás documentos, de todos ellos. El Auto también advierte “a sus deudores y público en general” que “no se les debe hacer pagos” sino al liquidador designado en el proceso.
También prohibió a los administradores, gerentes, directores, dignatarios, representantes legales, socios, accionistas y síndicos, disponer de cualquier bien que forme parte del patrimonio liquidable del deudor o de realizar pagos o arreglos sobre sus obligaciones. Al Municipio de Panamá se le ordenó que retenga cualquier vehículo a nombre de estas personas y sociedades, y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pidió retenerles las cuentas por cobrar.
