La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá (Cciap) alertó que en este 2023 la administración de justicia panameña será puesta a prueba con los casos de alto perfil que están bajo la lupa de la comunidad internacional.
En su carta semanal, el sector empresarial resaltó que estos casos demandarán de la justicia independencia, honestidad, transparencia, prontitud en su actuar y en apego al derecho.
“El Órgano Judicial tendrá que resolver casos largamente esperados por los panameños y que tienen a Panamá en la lupa del mundo entero. Por lo que, no se espera menos de quienes tienen a su cargo tan delicada función, esperando que hagan uso de todas las herramientas que la Constitución Política y las normas jurídicas les brindan, a fin de que se haga justicia en tiempo expedito”, se plasma en el comunicado de la Cciap.
En 2023 están programadas las audiencias de fondo de dos casos de alto perfil; uno es el denominado New Business y el otro Odebrecht. En ambos, la juez Baloisa Marquínez, del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, llamó a juicio al expresidente de la República Ricardo Martinelli (2009-2014). Además, en el caso Odebrecht también fue llamado a juicio el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019).
La Cciap resaltó que a pesar de que se han logrado avances en los últimos años en materia de justicia, aún el país mantiene un procurador de la Nación encargado, en espera de ratificación. Además, que prevalecen los cuestionamientos en la forma en que se imparte justicia, situación que genera desconfianza ciudadana y la percepción de impunidad.
“De cara a construir un futuro real y confiable para todos los panameños, cada uno de los actores de la sociedad debemos contribuir a fortalecer nuestro modelo democrático, uno de cuyos componentes básicos, es un Sistema de Administración de Justicia certero, transparente e imparcial. De eso se trata”.
El gremio empresarial recordó la importancia de establecer políticas públicas que promuevan el fortalecimiento de la administración de justicia y el Estado de derecho.
Así mismo se plantea que esta transformación debe estar dirigida a asegurar la transparencia de la gestión Judicial, que facilite el acceso a la justicia, en tiempo oportuno, y se incentive la rendición de cuentas.
