La Constitución panameña reconoce y establece unos principios políticos mediante los cuales se busca y pretende hacer efectiva la participación política de los ciudadanos. Ello queda así determinado, desde un inicio, en el preámbulo mismo de la Constitución, en el que se dispone, entre otros fines, que esta se aprueba con el fin de “garantizar la libertad” y “asegurar la democracia”.

En consonancia con ello, en el artículo 1 de la Constitución se ha dejado previsto, de manera categórica, que el Gobierno de Panamá “es unitario, republicano, democrático y representativo”. Y comoquiera que, por ejemplo, tanto el presidente de la República como los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, entre otros funcionarios de elección popular, tienen que ser elegidos democráticamente, se deja consignado que tanto los partidos políticos como la libre postulación son los medios a través de los cuales se puede hacer efectiva dicha participación política, participación ciudadana que tiene la connotación de un derecho político de toda ciudadana y todo ciudadano. Son esas, por consiguiente, las reglas del juego, las reglas mediante las cuales el ciudadano puede activarse políticamente y aspirar, así, a gobernar, a dirigir políticamente su país.

Por constituir un derecho político del ciudadano, su regulación y desarrollo en las leyes electorales deben hacerse con la mayor amplitud posible. Es decir, sin mayores formalidades y requerimientos; de ser necesarios, unos y otros no deben terminar constituyendo un obstáculo para el ciudadano que quiera activarse políticamente, ya sea que decida, en conjunto con otros ciudadanos, crear un partido político o que su decisión consista en hacerlo, de manera individual o en conjunto con otros, por la libre postulación. En fin, por tratarse de un derecho, de un derecho político, su regulación y desarrollo en las leyes electorales deben facilitar y buscar hacer efectivo su ejercicio.

De ahí que la regulación de los parámetros que han de cumplirse para el reconocimiento de un partido político no deba verse ni interpretarse, por parte de quienes ya están en el poder y les corresponde debatirlos y aprobarlos, como es el caso de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, como la oportunidad para limitar que otros y otras puedan constituir, igual que ellos, un nuevo partido político. O, peor aún, que, existiendo ya tales parámetros, busquen cambiarlos para hacerlos más exigentes y dificultar que otras y otros puedan crear un partido político con el objeto de ejercer su derecho a la participación política. Lo mismo ocurre en el caso de la participación ciudadana por la vía de la libre postulación. Esta, más que restricciones y obstáculos, requiere y exige reglas democráticas que hagan posible que cualquier ciudadana o ciudadano que opte por esta vía pueda hacerlo sin mayores contratiempos y ejercer así, plenamente, su derecho a la participación y activación política.

Todo lo planteado viene a propósito de las reformas electorales que se están debatiendo en la Asamblea Nacional y que están siendo aprovechadas por la casta política de los partidos políticos que tiene secuestrada a la Asamblea Nacional, para adecuarlas a sus intereses y seguir controlando la Asamblea Nacional. Primero han buscado restringir la participación política por la vía de la libre postulación y ahora proponen normas para dificultar la formación de nuevos partidos políticos. Para ello, plantean cambiar las reglas existentes, que son más favorables que las que pretenden aprobar.

¿Qué buscan realmente dichas castas políticas con tales propuestas de reformas electorales? Pues, definitivamente, no facilitar la participación de nuevos actores políticos, sino, por el contrario, mantener el control político de la Asamblea Nacional y, de paso, seguir utilizando como botín político el presupuesto de dicho poder del Estado.

Prueba de lo afirmado es lo ocurrido recientemente con la aprobación de unos traslados de partidas, con el pretexto de que son para el pago de planillas de unos funcionarios de la Asamblea Nacional de quienes nadie sabe qué hacen ni dónde están. Sin embargo, por la forma en que actuaron, todos tenemos legítimo derecho a sospechar quiénes sí terminan beneficiándose de tales fondos públicos.

Lo cierto es, definitivamente, que esas castas que controlan los partidos políticos que dominan la Asamblea Nacional, cuando adoptan tales medidas, no actúan en momento alguno en beneficio de las grandes mayorías de nuestro país, sino que usan el poder en beneficio propio. Esa es la razón por la que hacen todo lo que pueden para mantener el statu quo de un sistema que controlan y que es acorde con sus propios intereses. Por eso hacen lo que hacen, por eso adoptan esas medidas con las que buscan impedir y obstaculizar la participación de quienes puedan cambiar el sistema del que se benefician dichas castas políticas.

Lo que hay que recordarles a los que integran estas castas de los partidos políticos enquistadas en el poder y que controlan la Asamblea Nacional es que el poder político que hoy tienen no es eterno y que, en palabras de Amanda Gorman, “la democracia puede retrasarse periódicamente, pero nunca será derrotada permanentemente”. Por ello, tarde o temprano, los vientos del cambio los alcanzarán para que el poder que hoy ostentan esté, real y efectivamente, al servicio de la ciudadanía.