La jueza de garantías Tulia Morelos admitió la imputación de cargos por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) contra un funcionario y dos exfuncionarios de esa entidad. La investigación está relacionada con una presunta lesión patrimonial de $964 mil 620.

La jueza Morelos aplicó la medida cautelar de impedimento de salida del país a Karen Ortega, exdirectora de Gobierno Digital de la AIG. También impuso el impedimento de salida del país y la notificación los días 30 de cada mes a Mario Gálvez, funcionario de la AIG, y a Raúl Villalaz, exfuncionario de esa entidad.

En la audiencia, que se inició a las 4:30 p. m., la fiscal anticorrupción Gabriela Labastida aseguró que los tres imputados formaron parte de la comisión evaluadora que aprobó la instalación de un sistema destinado a respaldar los equipos informáticos del Estado en caso de desastre, pero que nunca fue utilizado.

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De acuerdo con la Fiscalía, el contrato fue adjudicado a la empresa ABN Network, pero el sistema nunca fue utilizado por las entidades públicas debido a la falta de un estudio previo de factibilidad, por lo que, según la fiscal, el dinero invertido por el Estado se perdió.

La investigación se inició a partir de una auditoría de la Contraloría General de la República que detectó irregularidades en la adquisición del Sistema de Planificación de Continuidad de Negocio y Recuperación de Desastres. Según lo publicado por este diario el 27 de octubre, las pesquisas determinaron que la compra se realizó sin cumplir las especificaciones técnicas requeridas por las instituciones destinatarias.

La jueza Morelos aseguró que es necesario que la Fiscalía determine quiénes fueron los responsables de la pérdida de fondos estatales que debieron ser bien utilizados.