El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales mantuvo las condenas de prisión al exministro de Obras Públicas Federico Suárez y a Riccardo Francolini por delitos de asociación ilícita para el blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.
En el fallo, que fue dado a conocer este jueves 4 de abril y firmado por el magistrado Manuel Mata Avendaño, también se mantuvieron las penas de prisión para Octavio Samaniego, George Joseph Moreno y Alcides Antonio Bernal, imputados en este proceso.
En el caso de Suárez, la sanción penal fue de 158 meses de prisión y el pago de una multa de $27.4 millones. Mientras que Francolini recibió una pena de 60 meses de cárcel y una multa de $470 mil.
Para Octavio Samaniego la condena es de 152 meses de prisión; Juan Daniel Samaniego, 64 meses de cárcel y César Jaramillo, a 72 meses de arresto. También se impuso una pena de 80 meses de prisión a George Joseph Moreno y de 60 meses de cárcel a Alcides Bernal.
El tribunal confirmó el fallo del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del 13 de noviembre de 2023, firmado por la jueza Baloisa Marquínez, al considerar que los argumentos de la defensa no lograron desvirtuar las pruebas presentadas por la fiscalía.
Se absolvieron de los cargos a Antonio Donadío, Jaime Martín De La Espriella, Luis A. Arias y Melina Cano, al no encontrarse pruebas suficientes de su responsabilidad penal.
Además, se mantuvo el comiso de bienes de los imputados, incluyendo una villa en el PH Bristol Villas Buenaventura, un apartamento en el PH Wind Rose en Coco del Mar, un terreno en Mariato, provincia de Veraguas, y cinco cuentas bancarias y plazos fijos.
La investigación se inició en octubre de 2017, tras la denuncia de la sociedad Blue Apple Services por la recepción de coimas de contratistas del Estado durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli. Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares también están involucrados en el caso, pero debido a su condición de diputados del Parlamento Centroamericano, su caso debe ser llevado por la Corte Suprema de Justicia.
En el caso de los hermanos Martinelli Linares aún la Corte no ha definido a los magistrados que actuarán como fiscal y sustanciador del proceso.
