Un juez de garantías imputó cargos por peculado y aplicó la medida cautelar de arresto domiciliario a ocho personas acusadas de formar parte de un esquema mediante el cual se malversaron $8 millones entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización para la realización de obras sociales.
En la audiencia, que se inició a las 9:00 a. m. de este jueves, la juez de garantías Katia Jiménez estimó que, en este caso, la medida cautelar más idónea para los imputados es el arresto domiciliario, ya que permite mantenerlos arraigados al proceso sin necesidad de recluirlos en un centro penitenciario.
La fiscal anticorrupción Joana Osorio alegó que, entre los años 2019 y 2024, los imputados formaron parte de un esquema que operó dentro de la Junta Comunal de Belisario Porras y que permitió el desvío de fondos entregados a través del Fondo de Asistencia del Gobierno Central, enfocado en ese momento en la entrega de recursos a la población a causa de la pandemia de covid-19.
#OperaciónOrbis | En Juan Díaz, Pedregal, San Miguelito y Arraiján, aprehendimos a ocho personas por el presun to delito de peculado, en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras, con una presunta lesión económica superior a 8 millones de dólares. pic.twitter.com/F4KPUDG9Is
— Policía Nacional (@policiadepanama) September 23, 2026
Según la fiscalía, los funcionarios aparecían en la planilla de la Junta Comunal de Belisario Porras, pero en realidad no prestaban ningún tipo de servicio o laboraban en otras instituciones, como el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) e incluso la Asamblea Nacional.
Algunos de los funcionarios de la junta comunal recibían pagos de $2,000 hasta dos veces en una misma quincena, lo que despertó las sospechas de la Contraloría.
Una auditoría elaborada por la Contraloría General de la República sostiene que $8 millones fueron destinados íntegramente al pago de servicios de funcionarios de los que no hay registro alguno. La fiscalía sostiene que no había documentos que sustentaran esos desembolsos.
La fiscalía pudo establecer que a unas 240 personas se les entregó parte de estos fondos sin que, hasta la fecha, exista un solo documento que indique el servicio prestado a la comunidad.
Por su parte, los abogados defensores alegaron que las ocho personas imputadas no son responsables de la malversación de los $8 millones, ya que los mecanismos de control administrativo estaban en manos del representante de corregimiento y del tesorero, y que los hoy señalados solo cumplían una labor por la cual recibían un salario.
También explicaron que los funcionarios investigados prestaron sus servicios en un momento de crisis nacional a raíz de la pandemia de covid-19 y que fue una época en la que los controles eran más laxos debido a las condiciones en que se encontraba la población.
Con estos ocho imputados, aumentó a 15 el número de personas imputadas por presunto peculado en perjuicio de la Junta Comunal de Belisario Porras.
El pasado 7 de mayo, la juez de garantías Massiel Ruiz imputó cargos a siete exfuncionarios de esa junta comunal, ordenó la detención provisional de dos de ellos y aplicó la medida cautelar de reporte periódico al resto de los procesados.
En la primera audiencia realizada el pasado 7 mayo se imputaron cargos a siete personas.
En la audiencia efectuada hoy se imputaron cargos a ocho exfuncionarios.
La fiscalía asegura que hasta 240 personas recibieron cheques de manera irregular.
En el período 2009-2014, el corregimiento de Belisario Porras, que tenía como representante a César Caballero —asesinado el 7 de noviembre de 2023—, se convirtió en la junta comunal que más fondos recibió por parte de la descentralización.
