La juez de garantías, Sheryl Toulier, imputó cargos por la presunta comisión del delito de estafa contra nueve ciudadanos de ascendencia china, a quienes se atribuye formar parte de un grupo que obtuvo beneficios de manera irregular de los fondos suministrados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu) al Programa de Asistencia Social- Educativa (PASE-U).
En una audiencia, celebrada en la tarde de este miércoles en el Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial de Plaza Ágora, la juez Toulier aplicó medidas cautelares de notificación periódica los días 15 y 30 de cada mes para ocho de los imputados y la detención preventiva para uno de ellos.
En el desarrollo de la audiencia, la fiscal Glei Hernández sostuvo que los imputados, todos dedicados a la actividad comercial, se asociaron con dos exfuncionarios del Ifarhu para apropiarse de los fondos que fueron asignados a través del PASE-U.
La fiscal señaló al menos cinco establecimientos comerciales que estaban habilitados para hacer efectivos del PASE-U, ubicados en Panamá, Panamá Oeste y Chitré, en la provincia de Herrera, que nunca entregaron los fondos a los estudiantes.
De acuerdo con la investigación, los imputados en asocio con dos funcionarios del Ifarhu ocasionaron una lesión patrimonial por un monto de $268 mil al Ifarhu.
Según las pesquisas, estos montos les fueron retirados a más de mil alumnos que reportaron no haber recibido el PASE-U, a pesar de encontrarse en el listado de beneficiarios.
La fiscalía sustentó que los imputados depositaron estos fondos en sus cuentas bancarias personales y en ocasiones en cuentas de terceras personas con la intención de ocultar su procedencia.
Sin embargo, el abogado defensor Roberto Moreno sostuvo que la fiscalía no pudo establecer el mecanismo por el cual los imputados supuestamente se apropiaron de los fondos.
Moreno también aseguró que la fiscalía no tiene evidencias de la participación de cada uno de los imputados en esta supuesta estafa.
También el abogado Hugo Polo, defensor de uno de los investigados, desestimó los cargos de la fiscalía y alegó que los imputados solo practicaron actividades de comercio y que desconocían que funcionarios del Ifarhu habían alterado los pines del PASE-U.
Por este caso, en noviembre del 2023, la fiscalía imputó cargos a dos funcionarios del Ifarhu, quienes tenían acceso a los pines asignados a cada estudiante para el cobro del vale digital.
