La investigación por peculado relacionada con el supuesto mal manejo de fondos públicos en 11 juntas comunales de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, tiene un año y tres meses paralizada.
¿La razón? La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia no ha resuelto un recurso de casación presentado contra la decisión del liquidado Juzgado Quinto Penal de no aceptar la prescripción del caso. Hay más. La Corte también debe analizar un amparo de garantías constitucionales presentado para desestimar el proceso.
En el Ministerio Público informaron a La Prensa que a raíz de ambos recursos, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga suspendió todas las diligencias relacionadas con el caso, entre ellas 49 órdenes de indagatorias a distintos actores ligados al tema. Explicaron que desde el 13 de febrero del 2023 la fiscalía remitió el expediente original al Órgano Judicial para que resuelva tanto el amparo como el recurso de casación.
En un fallo del 5 de julio del 2022, la Corte Suprema de Justicia declaró “compleja” esta investigación que le sigue la pista a supuestas irregularidades que habrían ocasionado un perjuicio al Estado por $3 millones 330 mil, entre 2009 y 2014. Con el estatus de causa compleja, a la fiscalía se le concedió un año más para seguir investigando.
Pero, cuando el expediente retornó al juzgado, se presentó el amparo de garantías constitucionales ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, acción que obligó a la fiscalía a enviar nuevamente el expediente a esa corporación de justicia y paralizar todas las diligencias relacionadas con este caso.
El tribunal rechazó el amparo, pero la decisión fue apelada ante la Corte, despacho donde está el expendiente.
En abril y octubre de 2023, la fiscalía pidió reactivar la causa, pero la solicitud fue negada, ya que tanto el amparo con el recurso de casación no han sido resueltos.
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Harry Díaz, recordó que el trámite de recursos de este tipo básicamente dependen del magistrado ponente, pues algunos son más ágiles que otros.
La investigación
Esta investigación se inició a partir de 2014 a raíz de una serie de reportajes periodísticos, pero fue suspendida temporalmente por falta de una auditoría. Pero en 2018, el entonces contralor Federico Humbert entregó al Ministerio Público 223 cajas con el resultado de varias auditorías.
Las auditorías revelaron graves irregularidades en el manejo de fondos asignados a diputados de diferentes partidos políticos, como facturas falsas y ausencia de documentos que justificaran transacciones por millones de dólares.
En este caso, el liquidado Juzgado Quinto Penal decidió que solo tramitaría los casos concernientes a las juntas comunales que están dentro Primer Circuito Judicial, es decir, las provincias de Panamá y Panamá Oeste.
Según un informe del Ministerio Público, en las 11 juntas comunales investigadas en Panamá y Panamá Oeste, la lesión patrimonial asciende a $3.3 millones, pero a nivel nacional la lesión se calcula en $25.1 millones.
Regresa el fantasma: la descentralización paralela
El dúo juntas comunales-diputados volvió a escena con el escándalo de la descentralización paralela. El gobierno de Laurentino Cortizo, que ha tenido ya dos directores al frente de la Autoridad Nacional de Descentralización -Francisco Vigil (julio de 2019- abril de 2022) y Edward Mosley Ibarra (abril 2022 a la actualidad)- desafió la Ley 37 de 2009 y engordó los presupuestos de aquellos gobiernos locales que coinciden con los feudos de diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD) y de otros diputados aliados a esta administración.
Entre el 7 de junio de 2021 y el 8 de mayo de 2023, se distribuyeron $242.9 millones. Y entre el 9 de mayo y el 23 de junio, se recargó: se desembolsaron otros $18 millones.
