El caso Odebrecht, considerado el proceso de corrupción más importante de los últimos tiempos, ya tiene fecha de juicio: del 1 al 18 de agosto de 2023; y como fecha alterna, del 27 de septiembre al 17 de octubre de 2023.
Así lo dio a conocer ayer lunes el Órgano Judicial en un comunicado donde informó que la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, decidió llamar a juicio a 35 personas imputadas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, como parte del caso Odebrecht; y dispuso emitir un llamamiento a juicio en contra de otra persona investigada dentro de esta causa penal por el delito contra la economía nacional, en la modalidad de blanqueo de capitales.
De igual manera, Marquínez sobreseyó de forma provisional a 11 personas y, de forma definitiva, a una ciudadana por el delito de blanqueo de capitales.
“Con respecto a una sociedad anónima, de la cual se solicitó por parte del Ministerio Público el llamamiento a juicio por el delito de blanqueo de capitales, se dispuso declarar no viable”, informó el Órgano Judicial. La única sociedad anónima mencionada en la vista fiscal que emitió el Ministerio Público es Importadora Ricamar S.A., del expresidente de la República, Ricardo Martinelli.
Por otra parte, la funcionaria judicial declaró improcedentes tres incidentes de nulidad por falta de competencia, uno por la presunta violación del principio de especialidad y otros seis por prescripción de la acción penal. Además rechazó otros tres incidentes presentados por la supuesta violación al principio de doble juzgamiento, otros tres incidentes por nulidad constitucional y otros tres incidentes presentados por causas como nulidad por infracción del juez natural, otro de controversia y de nulidad por falta de notificación.
Marquínez ordenó la designación de defensores de oficio para la representación de los imputados, en el caso que los abogados particulares no comparezcan.
El pasado 29 de septiembre la fiscalía concluyó la presentación de las pruebas en la audiencia preliminar a 49 personas por este proceso, acto, que se prolongó por 13 días en los que se dejó al descubierto la compleja trama usada para la repartición de sobornos, que implicó a sociedades, funcionarios, políticos, testaferros, abogados y bancos, entre otros.
En esa ocasión la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo pidió a la jueza que desestimara 14 de los 15 incidentes presentados por los defensores.
Durante los 13 días de audiencia preliminar, tanto Morcillo como los demás fiscales que la acompañaron a esgrimir la tesis del proceso se refirieron a la investigación como “el mayor atraco al Estado”.
Morcillo también afirmó que en la vista fiscal estaba acreditado el delito de blanqueo de capitales con un delito precedente de soborno internacional.
Se intentó buscar una reacción del Ministerio Público sobre la decisión asumida por el juzgado, pero se informó que no habían sido notificados.
