La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una audiencia virtual a celebrarse el próximo 11 de julio, atenderá a los residentes de las islas Casaya, Casayeta y Bolaños, quienes denunciarán las violaciones a sus derechos humanos por la apropiación ilegal de sus territorios.
En una nota firmada por la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum Panszi, se informa que, a raíz de la petición hecha por los residentes de las islas Casaya, Casayeta y Bolaños del archipiélago de Las Perlas, podrán participar en una audiencia en el próximo período de sesiones de dicha organización, para tratar temas referentes a la situación de los derechos humanos de la población afrodescendiente de las citadas islas.
Además, los residentes de estas islas interpusieron una demanda de indemnización por daños y perjuicios en el Juzgado Sexto Civil por la usurpación de tierras realizada por extranjeros, con la colaboración de funcionarios municipales, de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati) y el Registro Público.
La demanda, interpuesta por el abogado Alex Vladimir Martínez, busca el resarcimiento económico y la devolución de las tierras a los residentes de las islas, ya que durante años se han visto afectados por no poder hacer uso de los terrenos, a pesar de la existencia de la resolución No. 184 del 29 de febrero de 1996, expedida por el entonces Ministerio de Hacienda y Tesoro (hoy Ministerio de Economía y Finanzas), en la que se establece que el Municipio de Balboa debía gestionar los derechos posesorios a los residentes originales de esos territorios, y si ello no se cumplía en un término de cinco años, los terrenos debían volver al Estado.
También, la Fiscalía Anticorrupción de Descarga adelanta una investigación contra 11 personas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública en perjuicio del Municipio de Balboa. El pasado 27 de mayo, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales concedió una prórroga de cinco meses a la fiscalía para que culmine la investigación y establezca las responsabilidades de las personas que están bajo investigación.
La investigación se inició en el año 2018, luego de que residentes de las comunidades de Casaya, Casayeta y Bolaños denunciaran la apropiación de sus tierras por parte de extranjeros. Un informe de auditoría elaborado por la Contraloría General de la República, que cubrió los años 2009 y 2019, dejó al descubierto una serie de irregularidades en la adjudicación de derechos posesorios a las sociedades Arco S.A. y Dinamon Company S.A.
