Las autoridades panameñas aprehendieron a casi 50 personas en un operativo que empezó la madrugada de este miércoles 20 de julio en un apartamento en el PH Ever Island, en El Cangrejo, luego de recibir denuncias de que ahí se manejaba un negocio de explotación sexual.
Así lo dio a conocer la procuradora general de la Nación, Kenia Porcell, al referirse a la acción realizada desde tempranas horas en la calle 49 este de El Cangrejo, a un costado del hotel Garden Inn.
En el operativo fueron aprehendidos tres personas –dos de nacionalidad ecuatoriana y una colombiana–, que eran los supuestos cabecillas de la red. Hay otra persona, de nacionalidad hondureña, bajo investigación. También fueron conducidas 46 personas –26 mujeres y 20 hombres– colombianos y venezolanos, que habrían sido explotados sexualmente. No hay panameños involucrados, dijo Porcell.
"Más que victimarios son víctimas", comentó la Procuradora en conferencia de prensa, al referirse al caso de muchos de estos extranjeros que, una vez en el país, se les retira sus pasaportes y empiezan a ser explotados por los "tratantes".
El Código Penal contempla penas de entre 15 a 20 años de prisión por los delitos de trata de personas para la explotación sexual. La sanción se agrava de 20 a 30 años cuando hay "engaño", precisó la procuradora.
De igual forma, la jefa del Ministerio Público subrayó que la cooperación de la ciudadanía es muy importante en estos casos, por lo que hizo un llamado a que la población denuncie ante las autoridades si conocen otros inmuebles donde se desarrollan estas actividades ilícitas. Para estos fines –agregó– está la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada.
"El tratante no puede ser impune… Serán procesados todos el día de hoy", indicó el fiscal Rafael Baloyes, quien coordinó la inspección, con la participación de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
Baloyes contó que en el operativo se allanaron 11 habitaciones, donde encontraron armas de fuego, dinero en efectivo y documentación de los extranjeros.
Los apartamentos eran alquilados por los ecuatorianos, quienes posteriormente se los subarrendaban y daban la facilidad para explotarlos a los colombianos y venezolanos. "No vamos a ser un país de turismo sexual", dijo el fiscal, quien precisó que se trata de una investigación compleja.
El administrador del inmueble fue llevado este mismo miércoles al despacho de la fiscalía.
