A pesar de la prohibición establecida por la Contraloría General de la República sobre el pago de gastos de movilización a funcionarios municipales, el presidente del Consejo Municipal de Aguadulce, Raúl Romero, solicitó el pasado 10 de mayo del 2022 una opinión al procurador de la Administración, Rigoberto González, sobre la viabilidad del pago de gastos de movilización al vicepresidente del Consejo Municipal, al abogado consultor de la alcaldía, al relacionista público y los concejales miembros de comisiones permanentes del Concejo.
En su respuesta, González recalca que a partir del 3 de marzo del 2022 existe una prohibición expresa de la Contraloría para el pago de gastos de representación a funcionarios municipales. González cita la circular No 8 2022-DC-DNFG del 3 marzo del 2022, en la que el contralor Gerardo Solís señala “que basado en la cultura de corrección de la Contraloría General de la República, a partir de la presente circular no se refrendarán pagos bajo el concepto de gastos de movilización a ningún servidor municipal”.
Es decir, que esa prohibición también alcanza a los servidores municipales que no fueron elegidos por votación popular, a quienes iba dirigida la circular de Solís.
González precisa que el artículo 77 de la Ley 32 de 8 de noviembre de 1984 (ley orgánica de la Contraloría) señala que esta entidad puede improbar toda orden de pago que afecte el patrimonio público, siempre que se fundamente en razones de orden legal o económico.
El procurador también detalla que la citada Ley 77 establece que si el organismo o funcionario encargado de emitir la solicitud de pago insiste en su petición, a pesar de la negativa de la Contraloría, podrá recurrir al Consejo de Gabinete, junta directiva, comité directivo o consejo ejecutivo, para que este decidida si debe insistir en el desembolso. Si dicha solicitud es considerada viable y la Contraloría accede al desembolso por insistencia, queda claro que cualquier tipo de responsabilidad caerá sobre los miembros que votaron favorablemente para su ejecución.
Fue el abogado Ernesto Cedeño quien denunció la asignación irregular de gastos de movilización a alcaldes y representantes de corregimiento. Por este desembolso, algunos funcionarios alcanzaban ingresos superiores al salario del Presidente de la República.
Cedeño cuestionó el papel de la Contraloría por no ejercer su función fiscalizadora y solicitó hacer una revisión del manejo de estos fondos, lo que motivó la circular del 3 de marzo, que ahora los concejales piden que se les aclare.
