El proceso de investigación penal y la demanda civil derivada de la violación sufrida por las jóvenes canadienses Alyssa Jaime Wingrove y Carley Emma Gail Beers enfrentaron serios obstáculos en su desarrollo, lo que resultó en gastos que superaron el medio millón de dólares para las víctimas.
La aparición de la pandemia de covid-19 prácticamente paralizó muchas diligencias judiciales, y en el caso de la investigación penal, que debía llevarse a cabo íntegramente en la provincia de Coclé, la situación se complicó aún más.
La investigación penal se inició formalmente el 5 de marzo de 2018, cuando ocurrieron los hechos. La Personería de Antón fue la primera autoridad judicial en recibir la denuncia de las víctimas. Sin embargo, no fue sino hasta el 18 de octubre de 2019 que se les realizó una evaluación psicológica, y para ese mismo año se obtuvieron los resultados de las pruebas de ADN realizadas por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf). No obstante, la llegada de la pandemia en marzo de 2020 detuvo prácticamente todos los avances.
En el caso de la demanda civil, el proceso fue igualmente demorado: la demanda fue admitida el 24 de octubre de 2018, pero no fue notificada hasta el 14 de mayo de 2019. La fase de presentación de pruebas se abrió en diciembre de 2019, y el término para practicarlas comenzó el 10 de febrero de 2020. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, no fue sino hasta septiembre de 2022 cuando finalmente se realizaron.
Los alegatos de ambas partes fueron formalizados el 26 de junio de 2023, y el fallo final se emitió el 30 de diciembre de 2024.
Este tortuoso recorrido de ambos procesos generó un alto grado de estrés para las víctimas, como lo evidencian los informes elaborados por psiquiatras y psicólogos, quienes señalaron que ambas mujeres sufrieron daños emocionales derivados tanto del ataque sexual como de las dificultades de los trámites judiciales.
Además, los informes psiquiátricos indican que las víctimas necesitarán someterse a tratamientos durante un período de 10 años, lo que tendrá un costo estimado de $276,000. Los gastos incurridos para afrontar el proceso penal ascienden a un total de $261,819.
