El Consejo de la Carrera Judicial ordenó la suspensión de la convocatoria general 2025 para selección de vacantes de magistrados y jueces a nivel nacional.
La decisión fue adoptada por la nueva junta directiva del Consejo de la Carrera Judicial, que procederá a la revisión de todos los procesos realizados por la anterior administración e iniciará un proceso de adecuación de la normativa aplicable y de las bases de la convocatoria.
Se trata de la implementación de la carrera judicial, ya que la mayoría de jueces de circuito, civiles y municipales, además de magistrados de tribunales superiores, son interinos. Esto no incluye a los los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que son nombrados por un plazo fijo.
A través del acuerdo No.01-CACJ-2025 del pasado 15 de diciembre, los nuevos miembros de la comisión explican que dicha acción se toma ya que se hace indispensable revisar la normativa vigente y las bases de la convocatoria, con el propósito de garantizar que los requisitos, etapas y criterios de evaluación que serán aplicados a esta nueva convocatoria se ajusten plenamente a los principios de igualdad de oportunidades y debido proceso, asegurando la legitimidad y confianza pública en los concursos.
La Ley 53 de 2015, que creó la Ley de Carrera Judicial, fue promulgada hace 10 años, pero su implementación aún sigue en marcha. Esto se debe, en parte, a la falta de recursos y a la ausencia de mecanismos claros para el nombramiento de magistrados y jueces, lo que ha ocasionado varios retrasos.
Solo el pasado 24 de septiembre, Alianza Ciudadana Pro Justicia decidió no participar en la quinta fase del proceso de selección de los aspirantes a magistrados y jueces. Esto ocurrió después de que el Consejo de Administración de la Carrera Judicial no respondiera dos notas aclaratorias sobre el método de calificación utilizado en la cuarta fase de dicho proceso, el cual permitió que algunos aspirantes que no alcanzaron los promedios previamente establecidos para superarla fueran incluidos en la siguiente fase.
En esa ocasión, Magaly Castillo de Alianza Ciudadana Pro Justicia expresó que el proceso de implementación de la Carrera Judicial se ha dilatado en el tiempo debido a la resistencia de algunos magistrados de la Corte, quienes se opusieron abiertamente a su implementación.
Según Castillo, la principal resistencia proviene de magistrados que preferían mantener el sistema de nombramientos “discrecionales” que existía antes de la reforma al Código Penal, que introdujo esta figura.
El Consejo de Administración de la Carrera Judicial es un órgano colegiado, autónomo, integrado por magistrados y jueces, que ejercen funciones de gobierno de la Carrera Judicial con la finalidad de garantizar la independencia de los jueces en el ejercicio de sus funciones mediante procesos de reclutamiento y selección transparentes y objetivos, que generen personal idóneo, competente y honesto que garanticen el respeto, decoro e independencia judicial.
La función de administración del consejo se desarrolla con fundamento en los principios que la rigen, por lo que debe vigilar con celo por la igualdad de oportunidades de sus miembros, el reclutamiento sistemático, la selección por méritos, la evaluación del desempeño, el ascenso y traslado por desempeño, la honra a la antigüedad y méritos, la formación constante, el desempeño personal excelente, sumando a ello, una remuneración justa y, sobre todo, un desempeño con integridad, transparencia y los más altos criterios éticos y morales.
En 2019, el presupuesto del Órgano Judicial (OJ) no incluyó fondos para la Carrera Judicial, debido a los recortes y la contención del gasto ordenados por el gobierno central.
En 2020, la Carrera Judicial tampoco recibió asignación de fondos debido a los recortes realizados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), lo que provocó retrasos en su implementación.
En julio de 2022, el Órgano Judicial implementó el proceso de evaluación de jueces y magistrados aprobado por el Consejo de Administración de la Carrera Judicial. Este proceso es uno de los pilares fundamentales de la Ley 53 de 2015, que estableció tres carreras: judicial, defensa pública y administrativa judicial.
El presidente José Raúl Mulino ha realizado duros cuestionamientos a las decisiones de algunos jueces de garantías que han concedido medidas cautelares de reporte periódico a procesados por casos de drogas y pandillerismo.
La nueva junta directiva de la comisión del Consejo de la Administración de la Carrera Judicial está integrada por la magistrada Margarita Centella, la juez Anadina Quirós Tejeira, Mario Felipe Solís y Mercedes De León.
