La Contraloría General de la República entregó este jueves 24 de julio, 12 nuevos informes al Ministerio Público, como parte de las distintas auditorías que esta entidad lleva a cabo en diferentes juntas comunales a nivel nacional.
En un comunicado, la Contraloría aseguró que los informes, correspondientes a juntas ubicadas en el interior del país, revelan presuntas irregularidades por un monto estimado en 4.5 millones de dólares.
Con esta nueva remisión, ya son 25 las juntas auditadas, acumulando un impacto económico de más de 13 millones de dólares entre los años 2019 y 2024, específicamente durante la administración del expresidente Laurentino Cortizo.
El contralor general, Anel Flores, ha expresado que las auditorías se ejecutan con “objetividad, rigor técnico y sin excepciones”.
De igual forma, aseguró que continuará con la entrega de informes en los próximos días, con el fin de que el “Ministerio Público determine las responsabilidades penales o administrativas correspondientes” en los casos detectados.
Según estimaciones preliminares, la cifra total del posible daño patrimonial podría alcanzar los $43 millones cuando se complete la revisión del primer bloque.
Las presuntas irregularidades nacieron de la llamada “descentralización paralela” del gobierno de Cortizo.
De dicho programa, las autoridades aseguran que millonarios fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización fueron repartidos con criterio político.
La mayoría de esos millones fue a parar a juntas comunales y municipios que estaban controlados por autoridades cercanas a diputados influyentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD), agrupación que en el quinquenio pasado gobernaba el país.
