La Corte Suprema de Justicia desestimó un amparo de garantías constitucionales presentado por la Asociación Nacional de Profesores de la República de Panamá (Asoprof) contra la decisión de la ministra de Educación, Lucy Molinar, de suspender y retener de manera indiscriminada los salarios de los educadores que participaban en una huelga contra la aprobación de la Ley 462, que introdujo modificaciones al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).
En otras palabras, los maestros reclamaron que era injusto que les quitaran el sueldo, pero la Corte dijo que su demanda no era válida porque no agotaron las instancias legales anteriores, así que los descuentos se mantienen.
El fallo, que contó con el respaldo de ocho magistrados y el salvamento de voto de la magistrada Ángela Russo, no admitió el recurso al considerar que los proponentes no habían agotado las acciones legales previstas para oponerse a la orden expedida por la ministra, tal como establece el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial.
También detalla que no se cumplió con lo dispuesto en el artículo 2619 del mismo código, que exige, como requisitos de una demanda, la mención expresa de la orden impugnada, el nombre del servidor público que la dictó, los hechos que sustentan la pretensión, las garantías fundamentales presuntamente vulneradas y el concepto de la infracción.
Además, debe acompañarse la prueba de la orden impugnada, si fuere posible, o una manifestación expresa de la imposibilidad de obtenerla.
El amparo alegaba que la ministra Molinar había violado los derechos fundamentales de los docentes al ordenar la retención de sus cheques sin sustento legal.
La huelga de los educadores, que se extendió por 80 días, exigía la derogatoria de la Ley 462 y también protestaba contra la posible reapertura de la mina en Donoso, provincia de Colón, así como la firma de un memorando de entendimiento que permite el despliegue de soldados del Ejército de Estados Unidos en Panamá.
Los docentes, además, alegan que el Decreto Ejecutivo No. 17, firmado por el presidente José Raúl Mulino y la ministra Molinar, mediante el cual se llenaron las vacantes dejadas por los docentes en huelga, es ilegal y atenta contra el derecho al trabajo.
