La Corte Suprema de Justicia (CSJ) no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por la exdirectora ejecutiva institucional del Ministerio de la Presidencia, Nadia del Río, contra una supuesta “orden verbal” de la directora general del Registro Público para imponer medidas cautelares sobre bienes de su propiedad.
A través del Edicto No.1357 fijado en la secretaría de la Corte el pasado viernes, se informa a las partes de la decisión asumida por el Pleno de la CSJ.
El fallo, que lleva la firma del magistrado Olmedo Arrocha, desestima uno de los dos recursos presentados ante la Corte para intentar paralizar acciones emprendidas por la Contraloría General de la República y el Registro Público que han afectado el patrimonio de Del Río.
La exfuncionaria también presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución 3126-2026, de 23 de septiembre de 2025, expedida por la Contraloría, mediante la cual se dio apertura a un proceso de investigación.
El pasado 24 de agosto, Del Río también solicitó una audiencia de afectación de derechos contra el contralor Anel Flores, pero la magistrada presidenta de la Corte, María Cristina Chen Stanziola, declinó competencia al Tribunal de Cuentas.
El pasado 8 de julio el contralor Anel Flores presentó una denuncia contra Nadia del Río.
El 26 de junio pasado se conoció que presentó dos recursos ante la Corte.
El 24 de agosto solicitó una audiencia de afectación de drechos ante la Corte.
La defensa de Del Río protestó en esa ocasión porque entre las cuentas secuestradas por orden del contralor Flores (como parte de una investigación a su patrimonio) supuestamente está aquella en la que se deposita la pensión de manutención de su hija menor de edad.
Además, ese día se informó que la magistrada estimó que la Corte solo podía intervenir cuando la supuesta vulneración de derechos —durante la fase de investigación— es atribuida al fiscal de la causa.
El Edicto No. 1357 no da detalles de las razones por las cuales la Corte no admitió el recurso: si fue por razones de forma en la presentación o por razones de competencia.
Del Río, abogada de 43 años de edad, era considerada una de las funcionarias más influyentes del gobierno del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024) y muy cercana al exvicepresidente José Gabriel Carrizo, candidato presidencial del PRD en las elecciones de mayo de 2024. Fue asistente de Cortizo, aunque en la planilla oficial figuraba con el cargo de directora ejecutiva del Ministerio de la Presidencia, puesto por el que devengaba un salario mensual de $6,000.
Carrizo también es investigado por presunto enriquecimiento injustificado, en una causa separada.
